La Justicia de San Isidro elevó ayer a juicio oral la causa por la muerte de Diego Armando Maradona con un total de ocho profesionales de la salud acusados por “homicidio simple con dolo eventual”, ya que se consideró que como “garantes” de la condición médica del exfutbolista tuvieron la posibilidad de “revertir” su cuadro cardíaco y no lo hicieron.

Así lo dictaminó el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, quien dispuso que la causa sea remitida a sorteo para que un Tribunal Oral en lo Criminal de ese departamento judicial lleve adelante el proceso por la muerte del futbolista.

Entre los acusados se encuentran el médico de cabecera del “Diez”, Leopoldo Luque (40), la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

El magistrado Díaz sostuvo que los coimputados tenían “la posición de garante” sobre la salud de Maradona y que desde “el rol que detentaban, tenían la posibilidad física cierta de revertir el proceso cardíaco que se desarrollaba” y que, el 25 de noviembre de 2020, culminó con la vida de uno de los mayores exponentes de la historia del fútbol mundial.

A todos los imputados, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusó como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.

Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra nunca pidieron las detenciones y los ocho profesionales acusados llegarán al debate en libertad.