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El Gobierno decretó estado de excepción en cuatro provincias donde las protestas recrudecieron en medio del paro indígena
QUITO
El gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó ayer estado de excepción en cuatro provincias donde han recrudecido las protestas en medio del paro nacional impulsado por los indígenas y caracterizado por violentas manifestaciones las últimas dos semanas.
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La medida estará vigente por 30 días en las provincias de Imbabura, al norte del país; Azuay, al sur, Sucumbíos y Orellana, en la Amazonia. El gobierno dijo que el objetivo es recuperar el orden público, controlar la situación de violencia, asegurar la provisión de medicamentos, oxígeno para hospitales, combustibles y alimentos en esas regiones.
Además, establece como zona de seguridad el área de influencia donde se encuentran los pozos, las instalaciones e infraestructura petrolífera del país, en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca del 30 por ciento de los ingresos.
El estado de excepción reduce una parte de los derechos ciudadanos, como el de movilización y reunión, entre otros. La decisión gubernamental busca afrontar las consecuencias de un paro nacional que hoy cumple 18 días y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en Ecuador, en demanda de la reducción del precio de la nafta de 2,45 a 2,10 dólares el galón (3,78 litros), mayor presupuesto para salud y educación y la fijación de precios de productos agropecuarios.
En ese contexto, manifestantes incendiaron y destruyeron completamente dos estaciones de policía en el norte de Quito, mientras el diálogo entre los indígenas y el gobierno, que había empezado el lunes, sigue en punto muerto luego del ataque de presuntos indígenas a un convoy militar que dejó un muerto y 12 uniformados heridos.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, declaró al canal Ecuavisa que “para cualquier diálogo tienen que deponer sus medidas de hecho”, e insistió en que se han dado respuestas concretas a las demandas del movimiento a través de cuatro decretos que “entre un beneficio y otro suman 800 millones de dólares”. El saldo de las protestas ha dejado a la fecha 228 policías heridos, 32 policías secuestrados que ya han sido liberados, diez unidades policiales destruidas y 72 vehículos afectados.
Para presionar una respuesta del gobierno, el Movimiento Indígena y Campesino de la región de Cotopaxi anunció que prepara para hoy jueves una movilización “masiva y contundente hacia la capital”.
En tanto, el gremio que reúne a las poblaciones nativas de la Amazonia indicó a sus bases que “se mantienen todas las medidas en las seis provincias de la región Amazónica”. En esa zona se encuentra la mayor parte de los pozos e infraestructura petrolífera de Ecuador, que provee al Estado alrededor del 30% de los ingresos a la caja fiscal.
También el denominado Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos, educación, entre otros, anunciaron una gran movilización para esta tarde en respaldo al movimiento indígena y en demanda de que el gobierno disminuya los costos de los combustibles. (AP)
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