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La proliferación de los llamados “trapitos” en las calles de la Ciudad no deja de mostrar otro grave avance sobre los espacios públicos -como sucede con otros sectores-, en una “privatización” de hecho de una actividad totalmente prohibida por las normas locales, frente a la indiferencia que muestran las autoridades tanto de la Municipalidad, como del Estado bonaerense, en este caso con respecto a la seguridad, a partir de los últimos incidentes ocurridos.
Según ya se remarcó desde estas columnas, muchos vecinos se sienten ciertamente intimidados por actitudes violentas de los trapitos, que reservan lugares con tachos o cajones para sus “clientes” cotidianos. En realidad, lo que se encuentra en juego, como se dijo, es el imperio sobre el dominio público de la Ciudad, que le corresponde al Estado municipal y que, en estos casos, se ve incumplido.
Y mientras se da este avance sin control sobre los espacios públicos, otra vez vecinos de un barrio de nuestra ciudad, en este caso ubicado en la zona de 5 y 44, reclaman la colocación de cámaras de seguridad para disponer, al menos, de mayor control, en primer lugar por los hechos delictivos y violentos que protagonizan los “trapitos” en esas zonas. Hace cuatro meses habían presentado un similar requerimiento quienes viven en torno al viejo Mercado, en 3 y 49, cuyas cuadras más cercanas suelen servir como escenario de incidentes relacionados al estacionamiento de vehículos.
Las protestas vecinales y de comerciantes por las frecuentes peleas e incidentes que se suscitan, como se ha dicho, se presentan también en otras zonas, como por ejemplo, las de 47, entre 6 y 7, y ahora a lo largo de las cuadras próximas a 5 y 44. A su vez, frentistas de lugares cercanos al estadio de Estudiantes señalaron que algunos trapitos “ofrecen sus servicios de buena manera, pero otros son patoteros y hasta ponen de tarifa 500 pesos, fundamentalmente los días de partidos”.
Cabe consignar que el espontáneo sistema de los trapitos en el Centro convive con el régimen oficial del estacionamiento medido. De modo que no pocos automovilistas se ven compelidos a una “doble imposición”.
Tal como se señaló en ediciones anteriores, a menudo las cosas concluyen mal entre automovilistas y “trapitos”. Ese fue el caso de una mujer que terminó indignada por el accionar de los “cuidacoches” en pleno centro de La Plata, cuando descubrió que la puerta de su auto había sido rayada y apuntó a uno de ellos. En la cuadra en donde se encuentra la sede del Registro de la Propiedad le rayaron el auto, según dijo, porque supuestamente, “estaba mal estacionado”.
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Lo que hizo la mujer, según explicó, fue retirar uno de los tachos que actuaba como “señal” de supuesta prohibición de estacionar. Cuando llegaba al Registro escuchó los gritos de un trapito, que además hacía sonar un silbato, avisándole que allí no podía dejar su auto. Como desoyó el aviso, al volver se encontró con el auto rayado.
En cuanto a los “trapitos”, debe decirse que no existe justificación alguna para que apelen a comportamientos violentos y extorsivos. Tampoco debieran contar con luz verde para improvisar “reservas” de espacio, con tachos, conos o caballetes.
Una difícil situación socio-económica no impide que las autoridades actúen contra conductas que degradan la calidad de vida de todos los ciudadanos y que, además, sancionen aquellas acciones ilícitas que se deriven del uso particular de bienes que son públicos. Las calles y veredas, las plazas, ramblas y paseos forman parte del patrimonio común de todos los habitantes de la Ciudad y, salvo las excepciones previstas por las ordenanzas, ningún privado puede pretender “administrar” esos bienes.
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