El juez federal Daniel Rafecas resultó sorteado ayer para intervenir ante la denuncia presentada por el Instituto Patria por la posible comisión de los delitos de “intimidación y amenazas de muerte” en “perjuicio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, “daños a la propiedad” e “incumplimiento de los deberes de los funcionarios”, a raíz de hechos registrados frente a su sede. La denuncia, presentada por el abogado apoderado, Fernando Castiglioni, sostuvo que el pasado jueves 21 de julio, a las 18, “un grupo de 10 personas irrumpió en la vereda de la calle Rodríguez Peña 80 -sede del Instituto Patria- comenzando a proferir violentas amenazas de muerte e intimidaciones en perjuicio de la vicepresidenta y de todos los integrantes de la institución”.
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