Generación Zoe, uno de los mayores casos de estafa de la historia argentina, sigue dando tela para cortar. En esta oportunidad, dos contadores platenses fueron detenidos, acusados de estar involucrados en el “ponzi” que movió miles de millones de dólares en todo el mundo.
Incluso, ambos fueron señalados como principales controladores del dinero que el conglomerado de firmas que estaba dirigido por Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista.
Los contadores, en base a los testimonios, fueron parte clave de uno de los mayores instrumentos para captar dólares de ahorristas a los que se les prometían intereses fabulosos: el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam, con fecha de inicio registrada en la AFIP el 1° de octubre de 2021, con domicilio en Crisólogo Larralde al 1800, la oficina central de Generación Zoe, hoy desierta.
Ayer por la madrugada, tras ser allanados en mayo último, J. S. y M. M. fueron finalmente detenidos en La Plata, acusados de estafa y asociación ilícita. Fue por orden de la fiscal que lleva adelante la causa, Juliana Companys de Villa María.
El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación Antimafia de la Policía Federal, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Junto a ellos dos cayeron otras cuatro personas, referentes de las distintas sedes de la empresa. Los once allanamientos se repartieron entre la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, San Francisco y La Plata.
En el operativo realizado ayer en nuestra ciudad, se secuestraron 34.300 dólares, $18.000, notebooks y los teléfonos celulares, donde estaban las pruebas para imputarlo a los implicados.
J. S., contadora de 42 años, es ex empleada del Tribunal de Cuentas y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno bonaerense; junto a M. M. integraban una firma de consultoría privada.
Los implicados fueron señalados por fuentes del núcleo directo de Generación Zoe. Uno de los que apuntó contra los contadores fue el Norman Próspero, hoy preso en Córdoba.
J. S., de acuerdo a estos relatos, tendría una posición preponderante. Mientras que M. M. habría ocupado un segundo lugar.
Ambos contadores llegaron a la empresa por la línea de Héctor Yrimia, el ex fiscal federal y luego juez de instrucción porteño, debió dejar su cargo sospechado de encubrir un caso de torturas en el que acusaban a otro colega, Pablo Bruno, en 2004.
De acuerdo a los testimonios, el objetivo de la red era convertirla en una empresa que pueda operar como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC). Es decir, que esté legalizada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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