Denuncian red clandestina para tratar adicciones

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de San Isidro, para que se investigue por asociación ilícita a organizadores de una red clandestina dedicada a captar personas que padecen adicciones, con el fin de estafar a sus familiares pidiéndoles dinero a cambio de un supuesto tratamiento de rehabilitación.

La presentación fue realizada luego de que se detectara que un grupo de personas simulaba dirigir comunidades terapéuticas, en la zona de Pilar, para pacientes con consumos problemáticos, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, procedían a su secuestro y privación ilegítima de la libertad, manteniéndolas en graves condiciones de encierro, hacinamiento y dopaje compulsivo.

“Esta situación es una clara violación a los derechos humanos, que atenta contra la vida y la libertad.  Esto no sólo genera consecuencias en la salud física, sino también afecta la salud mental de estas personas, causando daños irreparables”, manifestó el Defensor del Pueblo, quien además preside el Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental. 

Además, recordó que “la Defensoría viene trabajando para denunciar este tipo de delitos que atentan contra la vida de miles de personas, en su gran mayoría jóvenes”. Esta actuación se enmarca dentro de la nueva norma presentada en noviembre de 2021 por el Ministerio de Salud bonaerense, para regular la habilitación y fiscalización sanitaria de instituciones de salud mental y consumos problemáticos. 

"Esta decisión también se viene trabajando en la mesa interministerial impulsada por el Ministerio de Salud, donde participamos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando  acciones que mejoren los estándares de cuidado para aquellas personas con padecimientos. Y también para que se fortalezca y visibilice las instituciones ajustadas a derecho y persiga aquellas que los vulneran", explicó Lorenzino.

Al respecto de la denuncia realizada, el Defensor aclaró que no sólo se funda en el daño a la salud, sino también a las estafas sufridas por  las familias a quienes se les pedía importantes sumas de dinero a cambio de una internación en supuestas comunidades terapéuticas, que en realidad operaban clandestinamente en la zona de Pilar. 

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En ese contexto, los jóvenes eran privados de su libertad y aislados sin posibilidad de contacto con el exterior, manteniéndolos en graves condiciones de encierro, dopaje compulsivo y reducidos a la servidumbre.