Piden jury y suspensión de los camaristas del caso “Chocolate”

El Procurador bonaerense Julio Conte Grand, denunció ayer a los camaristas Juan Alberto Benavídes y Alejandro Gustavo Villordo, quienes habían declarado nula la causa que se inició contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau. No sólo pidió el jury contra ambos funcionarios judiciales sino que además se los suspenda mientras se sustancia el proceso.

El planteo de Conte Grand se formalizó ante la secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento y se suma a un pedido similar que realizaron los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico.

Los camaristas admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando su liberación y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias de las que no era titular. Como se sabe, el puntero del PJ platense fue detenido en los cajeros de 7 y 54 mientras extraía dinero con 48 plásticos de empleados de la Cámara de Diputados.

Tras esa polémica decisión de la Cámara Penal, y a partir de una apelación del fiscal general de La Plata, el caso recayó en el Tribunal de Casación Penal, que concluyó que ambos camaristas se habían apartado de la ley.

En efecto, los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara debía ser anulada porque se había actuado “excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.

Destacaron que la Cámara actuó por fuera de su jurisdicción, en tanto según la ley procesal vigente la orden de detención dictada por juez el competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus que había pedido la defensa de Rigau.

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En su denuncia, Conte Grand sostuvo que “la decisión de los jueces Benavídes y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio términó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular.”

También afirmó que “la materia objeto del petitorio tenía víáa procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así́ un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación” y que “no debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping”.

Por otro lado, enunció que “la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”. Y concluyó que “no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”.

Tras la decisión de Casación la causa se reactivó, Rigau ahora está detenido y la fiscal Betina Lacki ordenó la pericia del celular que se realizará mañana, mientras la defensa reclama que se suspenda para tener un perito de parte.