El comisario muerto a tiros en Banfield cumplía funciones laborales en La Plata

El comisario asesinado anteanoche a balazos en Banfield, partido de Lomas de Zamora, cumplía funciones en la Dirección de Investigaciones del Crimen Organizado, con sede en nuestra ciudad.

Se trata de Gustavo Romero (43), quien, como este diario adelantó en su edición anterior, murió luego de recibir cuatro impactos por partes de los integrantes de una manada de motochorros, que intentó robarle su Kawasaki blanca, cuando esperaba que la mujer saliera del trabajo en una farmacia de Hipólito Irigoyen y Vieytes.

Por el caso, indicaron fuentes de la fuerza, ya hay un sospechoso detenido, que quedó a disposición de la Justicia.

Se supo que la víctima era hermano del inspector de la Policía Federal Argentina (PFA), Diego Romero (35), quien también fue asesinado a balazos en un enfrentamiento con delincuentes ocurrido el 16 de diciembre de 2012 en Lanús.

La secuencia, de apenas 25 segundos, quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona, en cuyas imágenes observó cómo cinco delincuentes regresan sobre el policía y se dan rápidamente a la fuga tras el ataque, que comandó uno de ellos.

En el tiroteo, el comisario recibió cuatro disparos -dos en el tórax, uno en su espalda y el restante en la cabeza-, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde finalmente falleció.

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Fuentes policiales señalaron que intervinieron en el lugar del hecho agentes de la comisaría segunda de Banfield, quienes encontraron al menos seis vainas servidas en la vía pública, aunque no el arma del comisario, que se cree fue robada por los asaltantes.

En tanto, voceros judiciales indicaron que en la nche del pasado domingo un joven identificado como, Gustavo Alejandro Martins (25), fue aprehendido por el hecho, mientras que los pesquisas trabajaban para hallar al resto de los partícipes en el ataque.

“Me mandé una macana, maté al policía, sino lo mataba, me mataba a mí”, fue lo que le habría confesado Martins a su pareja, detallaron los voceros consultados, aunque sin valor legal alguno, salvo que lo ratifique en sede judicial.