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En las últimas horas surgieron nuevas aristas del caso que involucra a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ platense que fue detenido con 48 tarjetas de débito en su poder de empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, mientras extraía dinero de cajeros automáticos. De acuerdo a una investigación periodística, Rigau habría logrado que nombraran como empleados del Palacio Legislativo a varios de sus familiares.
Según trascendió, Rigau habría logrado que designaran a su esposa, a tres hijos, a una nuera y a dos nietas. También, a un consuegro y a seis vecinos de su barrio.
Algunos de ellos terminaron recalando en la Municipalidad de La Plata. En la Comuna buscaron desligarse de “Chocolate” Rigau y sus familiares e indicaron que los hijos Cristian y Maximiliano Rigau ingresaron en 2020, pero para revistar en el Concejo Deliberante, como personal del bloque de Unión por la Patria.
De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, la lista incluye a la esposa de Rigau, Elida Cecilia Palacio, también a sus hijos Cristian Osvaldo (44), Gerardo Román (42) y Maximiliano Gastón (36). También a la pareja de este último, Marisol Correa (45). Y sus nietas Micaela Soledad (32) y Paula Alejandra (30) Valdata. Y su consuegro, Ricardo Mario Sánchez (61).
Varios de esos familiares y vecinos figuran entre aquellos que le entregaron sus tarjetas de débito a Rigau y que tenía en su poder al momento de la detención. Son empleados que trabajan para varios bloques: Frente de Todos y Frente Renovador, en su mayoría, pero también Juntos por el Cambio.
Todos declararon en tribunales que lo hicieron voluntariamente porque “Chocolate” les hacía el favor de retirarles dinero. Pero la Fiscalía sospecha que varios eran “ñoquis” que prestaban su nombre a cambio de obra social y aportes jubilatorios, quedando sus salarios para engordar una “caja” para enriquecimiento de políticos o financiamiento electoral.
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En tanto, la defensa de Rigau presentó un escrito para que no sea abierto el teléfono celular que le fuera secuestrado al momento de su detención.
Lacki ordenó abrir el dispositivo del puntero del PJ, a quien le encontraron más de un millón de pesos, como parte de una serie de medidas de prueba después que el fiscal general Héctor Vogliolo apelara el sorpresivo cierre de la investigación a través de un fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, sobre quienes ya existen varias denuncias en su contra.
Los abogados de “Chocolate” reclamaron que no se abra el celular por considerar que sigue pesando la decisión de la Cámara Penal de declarar nula la causa pese a que se le hizo lugar al recurso de Vogliolo.
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