El presidente Alberto Fernández fue denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes por haber firmado el decreto que, de manera retroactiva, dispone que Ana María Figueroa siga siendo jueza en la Cámara Federal de Casación pese a que el 9 de agosto pasado había cumplido 75 años y que la Corte Suprema de Justicia informó que había cesado en su cargo por alcanzar el límite fijado en la Constitución Nacional, sin tener para esa fecha un nuevo nombramiento del Senado.
También aparecen acusados el ministro de Justicia Martín Soria y el jefe de Gabinete Jorge Rossi, candidato a vicepresidente, ya que también firman el decreto que se publicó el martes pasado en el Boletín Oficial.
La primera denuncia la formularon los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti, y quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. “Nombrar a una persona que ya no posee los requisitos legales para ser Jueza es ilegal y delictivo”, señalaron.
El viernes, surgió una nueva denuncia por parte del abogado Pedro Pablo Pusineri, que es profesor de UCEMA y USAL.
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