Juicio político a la Corte: réplica de dos jueces

Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta el día de ayer, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados en la víspera, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre “la independencia judicial”.

También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Entre otras cuestiones, Rosenkrantz expuso que “las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”.

“Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas -algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-, y una demonización de mis votos”, expresó en el texto.

Por su parte, Rosatti consideró que “durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte”. En ese sentido, calificó de “grave” la acusación.

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