El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, rechazó ayer el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el kirchnerismo. “Siempre nos opusimos porque pretende condicionar a la Justicia”, destacó.
“Coherente con ello, en la comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”, lanzó Lavagna.
En las últimas horas quien se había pronunciado en el mismo sentido fue el cordobés Juan Schiaretti, quien expresó “un categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.
El gobernador de Córdoba responsabilizó al candidato presidencial de Unión por la Patria por impulsar el juicio político al Tribunal Supremo. “A los 40 años de democracia también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes”, sostuvo.
Y finalizó su publicación: “Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”.
La Comisión de Juicio Político, encabezado por la diputada Ana Carolina Gaillard, escuchó a 65 testigos a lo largo de 23 reuniones y, con la mayoría oficialista, se acusó por distintos cargos a los integrantes de la Corte. La oposición aseguró que no se probó el “mal desempeño” y que el proceso constituyó un embate contra el Poder Judicial.
El oficialismo, que tiene mayoría en la comisión, buscará aprobar un dictamen formal acusatorio para llevar a la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para que pueda avanzar. Pero el kirchnerismo no cuenta con ese número.
En ese contexto, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron el juicio político en su contra y advirtieron sobre la posibilidad de que el proceso afecte la independencia judicial.
Presidente y vice del máximo tribunal enviaron, a la par, cartas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para cuestionar la investigación que los tiene en la mira por varias causales y que terminó de detonar la relación entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial.
Rosatti advirtió que las acusaciones que se les hacen tienen la singularidad de estar unidas por la “disconformidad con el contenido de las sentencias”.
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