El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresaro su rechazo al juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que lleva adelante el oficialismo en el Congreso y que está ingresando en la etapa de definición.
IDEA manifestó que “es una grave amenaza a la seguridad jurídica y consecuentemente a las inversiones y la creación de empleo”, y exigió “respetar el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional”.
“Un Poder Judicial independiente y el acatamiento de sus sentencias son requisitos esenciales para apuntalar la seguridad jurídica, condición indispensable para promover la inversión privada y la creación de empleo que se necesitan para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía”, agregaron los empresarios en un comunicado. Por eso, consideraron que un proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte “motivado en el desacuerdo con el contenido de sus sentencias, constituye una grave amenaza a la plena vigencia del Estado de Derecho, genera incertidumbre y desalienta cualquier decisión de inversión a largo plazo en nuestro país”.
En la misma línea, la CAC recordó que meses atrás se opuso a “una posible ampliación del máximo tribunal como así también expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de no acatar un fallo de la Corte vinculado al diferendo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables”.
“El pleno cumplimiento de la Constitución Nacional y el respeto irrestricto de las instituciones de la República son principios innegociables, y las cuestiones señaladas atentaban contra ellos”, planteó.
“En la coyuntura actual, en la que el tribunal supremo se ve sometido a una nueva embestida –que se aproxima a la fase crucial en la que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados definirá si acusa o no a los jueces de la Corte por mal desempeño de sus funciones–, la CAC considera pertinente sentar su posición de rechazo al proceso en curso y de defensa de una Justicia independiente”, agregó.
Y finalizó: “A 40 años de la recuperación democrática, resulta oportuno destacar que el imperio de la ley, con una administración de Justicia que no esté sometida al poder político de turno, es fundamental para que los derechos de todos los ciudadanos sean garantizados, a la par que es condición necesaria para que nuestro querido país pueda alcanzar el progreso económico y social que tan esquivo nos ha resultado en las últimas décadas”.
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