Ecuador, con el narco en la justicia y en la policía

Sobornos por 450.000 dólares, joyas y casas a cambio de protección. Por al menos varios meses, policías, jueces y abogados operaron en una red sin precedente de apoyo a quien fuera un importante narcotraficante en Ecuador, un país que ha visto en los últimos años un incremento de la violencia y los homicidios atribuidos al crimen organizado, según reveló la Fiscalía del país sudamericano.

En la que ha sido descripta como la mayor operación contra la corrupción y el narcotráfico, el llamado “Caso Metástasis” ha comenzado a echar luz sobre los presuntos vínculos entre autoridades y los grupos del crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país y al general Pablo Ramírez, quien hasta hace unos días fuera jefe de la Policía Antinarcóticos.

Un juez de la Corte Nacional de Justicia envió a prisión preventiva a 16 de los detenidos, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, tras escuchar a la Fiscal Diana Salazar presentar los cargos contra los implicados. Los acusa de recibir sobornos para proteger a Leandro Norero, alias “El Patrón”, un supuesto narcotraficante asesinado en la cárcel en 2022 y de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

INFILTRACIÓN E IMPUNIDAD

“El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en algunos casos”, dijo la fiscal Salazar.

Para los otros 14 procesados, entre ellos, el general Ramírez, se dictó prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 15 días. El juez negó las medidas de incautación de cuentas bancarias.

La revelación ocurre a menos de un mes de la llegada a la Presidencia de Ecuador del empresario Daniel Noboa, quien ha dicho que su prioridad es reducir la violencia que padece el país.

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La fiscal aseguró que la red operó al menos entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios recibían sobornos de entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y bienes inmuebles, a cambio de que el grupo criminal recibiera sobreseimientos judiciales, asesoramientos, beneficios administrativos y recursos jurídicos favorables para Norero, sus hermanos y esposa. Según Salazar, dos hombres cercanos a “El Patrón” eran los responsables de entregar los sobornos a los funcionarios.