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El expresidente cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad. Su excarcelación se haría efectiva hoy
Alberto Fujimori recuperará la libertad / Web
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación “inmediata” del octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión especial de Lima por crímenes contra la humanidad.
“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”, indicó la corte en la resolución difundida a los medios.
Su excarcelación se hará efectiva muy probablemente hoy, dijeron su defensa y fuentes del INPE.
En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017.
El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el recurso de gracia a Fujimori por “razones humanitarias”, pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas del exmandatario que gobernó con mano de hierro entre 1990 y 2000.
De 85 años, Fujimori padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otras dolencias.
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El Tribunal Constitucional justificó su decisión alegando precisamente la salud “resquebrajada” de Fujimori. Al mismo tiempo recalcó que el exmandatario ya “ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, lo que lo hace beneficiario del indulto.
La semana pasada, la misma corte ya ha había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional, que ayer emitió su dictamen definitivo.
Fujimori cumple desde 2009 una condena por “crímenes contra la humanidad” en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército. Casi 25 años después de dejar el poder, su figura todavía divide al país.
Un grupo de simpatizantes de Fujimori llegó hasta el penal con camisetas blancas estampadas con la frase “Fujimori libertad”. La fuerza pública redobló la vigilancia a las afueras de la prisión, según imágenes de la televisión privada.
“El presidente se mostró muy conforme, tomó con mucha alegría el mandato” de los jueces, manifestó el abogado Elio Riera, a su salida de la cárcel donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, este último encarcelado hace justamente un año por su intento fallido de disolver el Congreso.
“Se hace justicia a un hombre que hizo tanto por el Perú”, celebró el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente.
Sin embargo, las víctimas de su gobierno y organizaciones de derechos humanos rechazaron tajantemente la decisión de los jueces.
“Es un atropello, un arrebato al derecho a la justicia que tenemos los familiares de las víctimas”, dijo Carmen Amaro, hermana del estudiante Armando Amaro Cóndor, víctima de la matanza de la Universidad La Cantuta en 1992.
Así mismo, la Asociación Pro Derechos Humanos condenó enérgicamente la decisión por considerar que la misma supone un desacato a la Corte IDH. “La comunidad internacional observa atentamente este desafío a la legalidad internacional”, agregó en un comunicado.
Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, aseguró igualmente que la decisión del TC es un “punto de quiebre” en la relación entre el Perú y el sistema interamericano.
Fujimori recobrará su libertad tras varios giros en torno a su polémico caso. En 2017 recibió el indulto por razones humanitarias, pero el beneficio fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional.
Cuando el año pasado su excarcelación parecía inminente, la Corte Interamericana pidió a Perú que se abstuviera de liberar a Fujimori hasta revisar un recurso de familiares de las personas asesinadas por el ejército en los noventa.
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