La causa en la que estarían implicados lobbistas, abogados, supuestos estafadores y, hasta una ex funcionaria platense de Casación, llamada “Megabanda 2”, quedó radicada para su sustanciación en el Tribunal Oral en lo Criminal I de nuestra ciudad.
Con la integración de las juezas Cecilia Sanucci y Carolina Crispiani y, a la espera de que se resuelva una excusación planteada por Emir Caputo Tártara, que ya recorrió varias instancias, el avance del expediente y, su investigación, fue avalada desde el juzgado de garantías a cargo del juez Guillermo Atencio y confirmada por la Cámara de Apelaciones.
Por otra parte, la acusación en dicho juicio estará a cargo del fiscal Mariano Sibuet, quien también fuera el mismo que acusó en el debate del caso “Megabanda criminal”, que tuvo entre los acusados al ex juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, acusado de ser el jefe de otra “asociación ilícita”.
Entre los acusados figuran Ariel Heine (quien ya fue condenado), Lidia Perna (quien fuera excarcelada al ser la primera testigo arrepentida en la Justicia platense y una de las primeras en la provincia de Buenos Aires), el abogado Fernando Galimberti (quien fue excarcelado), la ex funcionaria de Casación bonaerense, Eugenia Mercado (quien goza de prisión domiciliaria en su quinta en Brandsen), Javier Ronco (quien fue condenado por doble homicidio en otra causa), el abogado oriundo de CABA, Alejandro Timorín, el abogado platense Julián Ducid y el financista, también platense, Gabriel Martín Cassinotti.
Se agregan como procesados el ex juez de Casación Martín Manuel Ordoqui, que quedó detenido con prisión preventiva, y el abogado local, Ricardo Ducid, detenido hace pocos días en la localidad bonaerense de Pigüé, partido de Saavedra, tras permanecer prófugo desde 2018.
Ambos serían juzgados en juicio aparte por estar en una etapa procesal distinta al resto anteriormente mencionado.
La hipótesis con la que se está llevando a cabo la investigación sostiene que los detenidos conformaron una asociación ilícita destinada a efectuar beneficios procesales a personas detenidas, a cambio de grandes y cuantiosas sumas de dinero.
La sospecha es que, a cambio de favores económicos, se gestionaban excarcelaciones, morigeraciones y todo tipo de beneficios para personas privadas de la libertad.
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