Fuertes aumentos para pagar el agua, que no llega a las canillas

Hace muchos años que el servicio de agua en la Región ofrece múltiples deficiencias, al extremo de que cada vez fueron los más los clientes que sufrieron falta de suministro en sus domicilios, en una situación que se intensificó a lo largo de 2022 y que, ahora, junto con las temperaturas tórridas que reinaron, se agravó por completo al faltar el líquido vital durante varias jornadas en numerosos barrios y localidades de nuestra zona.

A partir de allí, el enojo por esta carencia hizo que muchos clientes de la empresa ABSA anunciaran que recurrirán a la Justicia. Así, adelantaron que están juntando firmas para iniciar la vía de un amparo ante los tribunales.

Pero, en ese contexto de múltiples deficiencias de la prestación, los usuarios denunciaron también que en las últimas jornadas recibieron facturas de la empresa para pagar el servicio con aumentos cercanos al 50 por ciento en las tarifas.

De modo que, pese a los inconvenientes que genera la falta de agua durante uno o varios días -o la baja presión que no permite realizar las tareas básicas- el aumento de las boletas habría seguido su curso.

“Si vamos a la factura de enero, nos encontramos con un monto cercano a los 1.861 pesos. Pero para febrero, mes en curso, el monto ronda los 2.677 pesos”, se quejó un usuario, aunque hablan de subas más altas.

Así, ayer en este diario se detalló que el portal de Aguas Bonaerenses había informado en noviembre pasado que habían quedado aprobados por la Provincia los nuevos valores tarifarios de ABSA.

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Según se informó “esto implica el cambio del valor del módulo (VM) y del metro cúbico (VM3)”, añadiéndose que “como los períodos comerciales del servicio no medido correspondientes a los meses de diciembre de 2022, y de enero/febrero de 2023, ya se encuentran emitidos en el sistema con los valores anteriores, y teniendo en cuenta que los nuevos valores aplican desde diciembre de 2022, los ajustes de estos tres meses deberán incluirse en marzo de 2023”.

A grandes rasgos debiera decirse las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, gas y teléfonos, entre otras) son las que pagan los usuarios o consumidores al Estado o al concesionario, a cambio de la prestación del servicio.

En principio, las tarifas la fija el concesionario y deben ser aprobadas en audiencias públicas, aunque deben estar sujetas a principios comunes a todas las tasas, entre ellos al de “efectividad”. Esto significa que su valor debe ser correspondiente a un servicio efectivamente prestado.

Y está claro, desde hace mucho tiempo, que esta última condición no se cumple o se cumple muy precariamente en la Región. Los contratos con las empresas de servicios públicos se consideran como “de consumo”, y, en este caso, lo que está bajo discusión es si existe ese consumo. Contrato de consumo es aquel que crea derechos y obligaciones entre el proveedor y los consumidores. Pero, en este caso, sólo irían quedando en pie las obligaciones del consumidor, es decir la de pagar.

Nuestra ciudad se encuentra en un estado de emergencia en materia de provisión de agua domiciliaria. No faltaron, por cierto, reclamos vecinales, advertencias y protestas de diversa naturaleza en los últimos meses. Ahora distintos grupos de clientes están juntando firmas y analizando distintos caminos a seguir.

Estas protestas e iniciativas vecinales son realistas, ya que traducen el estado de cosas. Mientras tanto, la empresa ABSA y los organismos que la controlan habrían decidido incursionar en un verdadero surrealismo tarifario, consistente en obligar a que la gente pague más por un servicio disminuido o que, directamente, no recibe.