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Año tras año los cortes de calles, rutas y autopistas en nuestro país, originados la mayor parte en distintos tipos de reclamos por parte de grupos de personas que responden a organizaciones sociales, vienen batiendo récords. Tal afirmación no es metafórica, sino que surge de estadísticas que se vienen realizando en las últimas dos décadas. La última información, relacionada a 2022 estimó que para el año pasado se llegaría a la suma final de 11.300 piquetes, mientras que en 2021 los cortes de calles por protestas en el país habían sido 6658.
Como se sabe, en las últimas horas se realizó otro corte, que a la altura de Quilmes abarcó a las dos manos de la Autopista La Plata-Buenos Aires y que tuvo una duración de dos horas y media, entre las 14,30 y las 17. En este caso fue protagonizado por empleados de distintas aplicaciones de delivery que reclamaron mayores medidas de seguridad, tras la muerte del joven de 20 años, asesinado por delincuentes el sábado pasado mientras concurría a entregar un pedido en la localidad bonaerense de Bernal.
Cuando se habla de la interrupción total de una vía caminera, se está hablando de situaciones que, más allá de la consistencia de las protestas, pueden y también suelen derivar en situaciones muy ríspidas para las miles de personas que ven cortadas las calles con quemas de neumáticos, con la anarquía subsiguiente y la caótica búsqueda de alternativas para salir de esos atolladeros.
No han faltado casos en los que algunos conductores embisten en forma temeraria contra los vallados para liberarse de ese obstáculo y seguir su camino.
Se ha dicho en forma reiterada que nada debiera impedir –salvo la falta de sentido común- que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que impidan por completo el libre tránsito de vehículos por las calles. Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían compatibilizarse perfectamente ambos derechos constitucionales: el de peticionar ante las autoridades y el de garantizar la libre circulación.
Lo que ha venido ocurriendo con los piquetes es que las distintas autoridades con incumbencia en este tema han adoptado un criterio de incomprensible permisividad. Casi podría decirse que se ocupan más en garantizan los cortes de calles que darle curso al derecho de la gente a transitar. El resultado de esta política está a la vista, se está llegando en muchas oportunidades al colapso absoluto del tránsito.
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Existe y tiene plena vigencia el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Pero también rige en la Carta Magna el principio de la libertad de transitar. De modo que ambos pueden hacerse compatibles uno con el otro. La “doctrina” del piquete, por el contrario, se basa en desconocer el derecho de la población, sólo para que pequeños grupos puedan plantear su reclamo.
Sería muy extenso enumerar los motivos que suelen invocarse para cortar calles. Hace pocos años los alumnos de un secundario cortaron la calle 9 y 48 para protestar por la presunta mala comida que les daban en su escuela. Esto no invalida a los reclamos que se esgrimen, pero sirve para señalar hasta qué extremos puede llegarse.
Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos debieran llegar hasta donde empiezan los de los demás y, por consiguiente, no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el uso pleno de sus facultades ciudadanas. .
Son muchos, además, los riesgos latentes que pueden derivar de negarle a la gente llegar con facilidad a su destino. Por otra parte, las calles fueron concebidas y existen para que la gente circule libremente por ellas, sin tener que pedir permiso o verse extorsionada para acatar cualquier tipo de mandato emitido por gente que carece de autoridad legal y que decide desconocer el derecho a transitar de la población. Los funcionarios con incumbencia debieran tomar conciencia de lo que está ocurriendo con los numerosos cortes de calles y actuar en consecuencia.
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