¿Seguridad o censura en Perú?

La publicación de un protocolo del Gobierno peruano para la cobertura periodística de las protestas que azotan al país andino hizo sonar las alarmas de gremios que consideran que, bajo el supuesto paraguas de dar seguridad a periodistas, el texto es potencialmente “atentatorio contra la libertad de expresión”.

“Es un documento que no tiene ningún valor y podría ser atentatorio contra la libertad de expresión. No habla en ningún momento de las fuerzas del orden como agentes agresores (...) y rechazamos completamente que sea la Policía la que diga a la prensa cómo tiene que trabajar”, sentencia Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

El denominado “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” fue “prepublicado” y puesto bajo consulta ciudadana por el Ministerio del Interior el 28 de febrero pasado, en medio de la ola de protestas antigubernamentales que se cobró la vida de 76 personas desde diciembre. De inmediato, varios gremios periodísticos salieron a rechazar la propuesta. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) cuestionó que el texto fuera “elaborado de forma exprés”, con “serios problemas de fondo y forma”.

Más radical fue el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que pidió archivarlo de “inmediato” al considerarlo una “intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia periodística” que, además, establece una relación “de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa”.

Esto último porque el protocolo indica que la Policía debe indicar a los periodistas la “ubicación adecuada” para la cobertura en escenarios de violencia y advierte que, de no atender a los agentes, cualquier consecuencia “será bajo su responsabilidad”, lo que, en la práctica, se percibe como un control policial de la cobertura periodística.

“Esto nos parece bastante grave (...) Necesitamos que el Gobierno y la Policía se hagan responsables de lo que pueda pasar y no imponer un protocolo que no tiene ningún sentido. Pareciera que no conocieran el trabajo de la prensa”, insiste León.

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El documento también propone, entre otros, brindar capacitaciones a periodistas “sobre el accionar policial en alteraciones al orden público” y recomienda “la homogeneización de la identificación” de la prensa en el lugar de los hechos, pero obvia cualquier mención a fotoperiodistas y camarógrafos.

Además, se dirige al Colegio de Periodistas, a la “prensa extranjera acreditada en Perú” y a instituciones de prensa “debidamente acreditadas” y colegiados, lo que, a los ojos de los gremios, deja al margen a muchos profesionales que se dedican a esa labor.

Sobre esto, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, señala que “hay que abrir el abanico” porque sería “totalmente absurdo” que la medida alcance solamente a los 16.000 periodistas colegiados en el país, teniendo en cuenta que la colegiatura no es un requisito para el ejercicio de la profesión.

“Se pusieron muchas cosas de contrabando en ese protocolo, cosas que no se habían acordado en ningún momento”, comenta Burgos.

COORDINACIONES INCOMPLETAS

Según cuenta, el embrión de la propuesta tomó forma en diciembre pasado, cuando la administración de la presidenta Dina Boluarte atendió el pedido de algunos gremios del sector ante su “preocupación” por el elevado número de agresiones contra periodistas en el contexto del estallido social.

Solo entre diciembre y enero pasados, la ANP registró más de 150 periodistas atacados en las protestas, la mayoría en Lima y a manos de efectivos policiales, una realidad no mencionada en el protocolo.

El objetivo, explica Burgos, era hallar “una manera más eficiente, orgánica y comprometida por parte del Gobierno de garantizar la seguridad y la protección” de la prensa, así como “evitar que las propias fuerzas del orden agredieran a los periodistas”.

Fueron, aproximadamente, unos dos meses de coordinaciones que se materializaron en tres encuentros, pero varios gremios, entre ellos Ipys, se retiraron del proceso ante lo que califican como una falta de “voluntad” del Gobierno.

En las reuniones también participó Unesco Latinoamérica y Caribe (LAC) para brindar “apoyo técnico”, pero fuentes de dicho organismo afirmaron que las autoridades “hicieron caso omiso” a las recomendaciones y acabaron publicando un “protocolo en favor de los policías”.

Unesco LAC y la institución que representa Burgos coinciden en que faltó una “última reunión” que nunca llegó a celebrarse.

“El Colegio también fue sorprendido por la publicación de este proyecto (...) Enviamos una carta al ministro del Interior para expresarle nuestra incomodidad y extrañeza por la difusión que se hizo de manera inconsulta”, afirma Burgos, tras rechazar que “se haya pretendido decir que el Colegio actúa en complicidad con el Gobierno”.

No hubo respuesta del Ministerio del Interior ante la consulta acerca del polémico protocolo.

En su momento, dicha cartera dio diez días hábiles desde la publicación del protocolo para recibir sugerencias antes de hacerla definitiva, pero la mayoría de los profesionales apuesta por hacer tabula rasa y diseñar una nueva iniciativa desde las bases sociales.

“Lo normal es que la sociedad civil, los gremios, la cooperación internacional, los periodistas, podamos construir un protocolo de seguridad y digamos al Estado ‘señores, cumplan’, y no al revés”, concluye León. (EFE)