EE UU alertó sobre corrupción y los ataques contra la Justicia

El “Human Rights Report 2022”, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, alertó sobre “graves casos” de corrupción y por la embestida del Ejecutivo contra el Poder Judicial.

En el habitual informe, que analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, también se destaca que si bien “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”, no fueron las suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.

Sistema “politizado”

“La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”, sostiene el informe, que hace alusión a “un sistema judicial politizado” que “socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Incluso, mencionó que hasta septiembre de 2022 -que es el mes en que concluyó el informe- había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y expersonalidades políticas. De todos modos, por la fecha de cierre, todavcía no estaba la condena de 6 años de prisión que recibió la expresidenta por la causa conocida como Vialidad, en diciembre del año pasado.

Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EE UU, fue quien presentó en conferencia de prensa el informe sobre derechos humanos en el mundo.

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De todas maneras, el informe hace un resumen sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de “recibir sobornos, pagar coimas, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado. “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en U$ S 160 millones”, señala el reporte de EE UU, y “pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos”.

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En lo que respecta a la corrupción, el Departamento de Estado señaló a otros organismo donde predominan los delitos: “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”. Y agregó que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”.

Además, advirtió sobre “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial” argentino.

En ese sentido, hizo referencia a que en la Argentina “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales”.