Preocupa otra causa por presunta corrupción de menores en el país

La causa judicial que investiga casos de corrupción de menores que se habrían venido registrando desde 2001, en los que se encuentran acusados y detenidos un conocido productor de televisión –antes ganador del primer reality Gran Hermano y también tres sospechosos, entre ellos el presunto líder de la organización- no sólo concita una gran atención, sino que se ha convertido, en una suerte de caso emblemático de la esclavitud sexual y prostitución en nuestro país. Ambos fenómenos como doloroso reflejo de un problema social que el Estado debiera combatir sin desmayo.

Los allanamientos realizados por orden de la Justicia y las pruebas colectadas en una causa que involucra como víctimas a 11 chicos residentes en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, así como en la de Misiones, y que procura también esclarecer posibles casos de prostitución de mayores de edad, permiten alentar expectativas en el sentido de que este poder actuante hunda el bisturí hasta la médula de este penoso episodio.

Sin embargo, corresponde advertir que en no pocas causas similares registradas en años anteriores, el inicio de las actuaciones se vio acompañado también por una fuerte repercusión pública –con ampulosas conferencias de prensa- hasta que, pasado un tiempo, la investigación ingresa a la cara oculta de la Luna y la sociedad ya no sabrá nunca siquiera si hubo un veredicto, si alguien resultó o no condenado, si las mafias organizadoras pagaron alguna culpa.

Tal como se informó, en este episodio a los imputados se los acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Duele muy especialmente que niños de corta edad, desprovistos de toda alternativa familiar, intelectual o social que pueda defenderlos, se encuentren sometidos a la miseria moral y material causada por las mafias intervinientes. Y que lo mismo ocurra con muchas mujeres, reducidas a un regresivo estado de servidumbre, privadas de libertad y dignidad, llevadas constantemente de un punto a otro del país para someterlas de ese modo a una actividad plagada de marginalidad y de transgresiones a la ley.

Se han detectado, en muchos de los casos, vinculaciones con redes mafiosas de gran operatividad en distintas zonas del país y en algunas naciones limítrofes. Además, se conocen las estrechas relaciones que estas organizaciones delictivas mantienen con sectores influyentes.

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Acaso lo único positivo reside en el resida en el hecho de que son cada vez más las personas que parecen estar tomando conciencia sobre la magnitud del delito de prostitución y de que, por consiguiente, es a partir de esa base cultural desde donde pueda vertebrarse una política integral, que no sólo impida el crecimiento de episodios aberrantes, sino que, además, se atienda debidamente a las víctimas, devolviéndoles dignidad y condiciones de libertad que les permitan elegir una mejor calidad para sus vidas.

En los casos tan dolorosos en que las víctimas son niños de muy corta edad, los especialistas consideran imperativo que, además de esclarecer tales episodios, se vuelque hacia ellos el aporte de la psicología y de otras ciencias que puedan contenerlos y nutrirlos con valores positivos, que les permitan superar el tan temprano drama que soportaron. Ello, sin perjuicio de reclamar que no haya impunidad para los responsables, que se les aplique la condena más rigurosa prevista en la ley penal.