Las cámaras en los micros, en foco tras el asesinato del chofer

Tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos cuando conducía un colectivo en la zona de Virrey del Pino, el gobernador, Axel Kicillof, mantuvo ayer una reunión con dirigentes gremiales y empresarios del transporte para avanzar en medidas de seguridad para el sector.

El mandatario provincial encabezó el encuentro en la Casa de Gobierno, junto al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el jefe de Asesores, Carlos Bianco, y los ministros de Transporte y Seguridad, Jorge D’Onofrio y Sergio Berni.

Allí convinieron avanzar en la conexión de las unidades de micros que ya tienen instaladas las cámaras, unas 2.000, al Centro de Monitoreo de la Provincia. Desde la Gobernación indicaron que, al tiempo que se avanza en la instalación de cámaras en todo el parque automotor público, se trabajará en la opción de implementar botones antipánico en aquellas unidades que todavía no cuentan con monitoreo.

Antes de la reunión, voceros de la Provincia indicaron que “el gobernador les advertirá sobre las posibles sanciones que se aplicarán si los empresarios no colocan los sistemas de seguridad: desde el retiro de los subsidios a la pérdida de licencias para nuevas unidades”.

A través de un subsidio, el gobierno bonaerense giró un total de 2.500 millones de pesos a las empresas de transporte para la instalación de las cámaras, pero apenas se coloraron unas dos mil.

POLÉMICA EN LA LEGISLATURA

En tanto, en la Legislatura, el diputado provincial del bloque “Espacio Abierto Juntos” y dirigente de la UTA, Martín Domínguez Yelpo se quejó de la baja implementación de la ley provincial que obliga a las líneas de colectivos a instalar cámaras de monitoreo. El autor de la norma sancionada en 2016 afirmó que “se planteó un plazo razonable para la readaptación de las unidades, a cargo de las empresas, y medidas de contralor como la VTV y la no habilitación de nuevos colectivos sin las respectivas cámaras. Lamentablemente, por negligencia del sector empresarial como del Estado provincial en su rol de contralor, de 8.700 unidades, solo en 1.500 se instaló el sistema, y de manera deficiente, dado que no todas reportan a los centros de control. Esto hace que al día de hoy, tengamos que seguir lamentando hechos como el sucedido con el chofer asesinado.

Además, el legislador presentó en la Cámara baja provincial un proyecto para crear un “mapa del delito del transporte”, que permita diseñar estrategias de prevención. “Con el presidente del bloque, Walter Carusso, venimos advirtiendo sobre el incumplimiento de la Ley que solamente fue implementada por el gobierno provincial en poco más del 10 por ciento de las unidades con el agravante de que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que sirva para brindar mayor seguridad a los trabajadores y a los pasajeros”, aseguró el diputado del bloque Espacio Abierto Juntos y autor de la Ley 14.897 aprobada en diciembre de 2016 y que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos.