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Hace años que La Matanza, dicen, “es una trompada en la cara de la Argentina”. Décadas que a parte de ese megapartido ubicado en el corazón del Conurbano, a menos de dos horas de La Plata, lo enmarcan entre “marginalidad y narcotráfico, postergación e injusticia, inseguridad y pobreza”.
Con la conmoción a flor de piel por el asesinato que se cobró la vida del colectivero Daniel Ballesteros y que derivó en la agresión de algunos manifestantes al ministro Sergio Berni, La Matanza sigue siendo un símbolo de la postergación.
Basta con recorrer y escuchar a quienes viven en el distrito que desde el regreso de la democracia es gobernado (sin interrupciones) por el peronismo para advertir que la delincuencia acaso sea el más grave (aunque no el único) de los flagelos que golpean a sus vecinos sumidos en muchos casos en la pobreza, sin cloacas, otros tantos sin agua ni gas de red, viviendo entre interminables calles de tierras y basurales a cielo abierto.
A falta de datos oficiales, el Observatorio Social de la Universidad de La Matanza calculó en 2020 unas 122 villas y asentamientos desprovistos de todos los servicios básicos. También estimó 1.200.000 de pobres que en aquel año representaban al 50% de los matanceros.
“Si bien no existen datos oficiales, en La Matanza hoy tenemos la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios del país, con más de 185 barrios populares y zonas con un 47% de falta de cloacas”, cuenta a EL DIA la concejal de Juntos por el Cambio, Mirta Ferreira y apunta otro dato alarmante sobre los niveles de pobreza: “Todos los actores consultados coinciden en que el flagelo alcanza a entre el 50 y 57% de la población. Sin dejar de mencionar que el segundo y tercer cordón del Municipio son los más afectados en el presente índice, llegando al 87%, mientras que allí la accesibilidad a los servicios y centros educativos y de salud disminuye”.
Con sus 325,7 kilómetros cuadrados, La Matanza es el partido más extenso del Gran Buenos Aires. También es el más poblado y tiene, según el Censo 2022, 1.837.774 de habitantes. Aunque esa cifra (como cualquier indicador que se consulte en esta Comuna) es motivo de controversia, desde que dirigentes de la oposición denunciaron en la Justicia la posible adulteración de las estadísticas, lo que le habría significado al distrito un mayor porcentaje de dinero por la coparticipación provincial.
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En concreto, la población de La Matanza pasó de 1.775.816 en 2010 a 1.837.774 en 2022, una suba de 61.958 personas. Sin embargo, la población proyectada para 2022 era 2.374.149. Es decir, 598.333 más que en 2010.
La sospecha opositora es que en 2010, con Cristina Kirchner como presidenta y un Indec que presentaba desconfianzas, se infló la población de La Matanza. Y que ese llamativo “error” favoreció durante 12 años a este histórico bastión del peronismo que recibió un mayor porcentaje de dinero por la coparticipación provincial, en detrimento de los otros 134 partidos bonaerenses. Ese número ascendería a más de 85.834 millones de pesos.
Por eso en la oposición le apuntaron a Fernando Espinoza, que desde 2010 gobierna La Matanza en tándem con la actual vicegobernadora Verónica Magario (intendenta entre 2015 y 2019).
En la oposición cuestionan además que esa mayor coparticipación no se haya visto en mejoras asequibles para, por ejemplo, la seguridadad y en los altos niveles de pobreza.
Las cifras que maneja la oposición hablan por sí solas: en La Matanza llegaron a contar el año pasado 62.341 delitos, casi un 15% más que los registrados en 2021.
Agregan que, según datos del Ministerio de Seguridad Bonaerense, el Municipio gobernado por Fernando Espinoza cuenta con solo con un oficial en servicio cada 1.069 habitantes y que la subejecución en el área superó en 2022 el 61%.
“A la fecha somos el partido con más delitos cometidos de toda la Provincia, pero aún así seguimos sin contar con una secretaria y una comisión de seguridad para atender la problemática”, advierte Ferreira, referenciada con el diputado nacional Alejandro Finocchiaro.
Por eso el crimen de Daniel Ballesteros lejos habría estado de ser una sorpresa en La Matanza, (mal) acostumbrada como está al delito y a que la inseguridad esté al tope de las problemáticas cotidianas.
“No hay en el distrito, sobre todo en los barrios más humildes, ninguna política de prevención. No hay un diseño inteligente para enfrentar al delito. Tampoco el narcomenudeo se aborda conceptualmente”, enumeran en la oposición.
La inseguridad en La Matanza también es económica, sobre todo en los casi 200 barrios populares donde la inflación y el desempleo hacen estragos.
Es también en esas barriadas donde la falta de servicios e infraestructura urbana se hace más notoria. Según registros oficiales, el 27% de los hogares no tiene agua de red; el 54,6% no cuenta con cloacas y el 40% carece de gas de red.
De manera oficial, el distrito informa que el 35% de sus calles son de tierra. Pero en la oposición aseguran que son incontables los ejemplos de los tramos sin pavimentar que figuran catastralmente asfaltadas, mientras que el estado de las “asfaltadas” es lamentable.
“Las carencias de infraestructura urbana se manifiestan de muchas maneras. Una muy visible son las inundaciones, que afectan a todas las localidades aún con lluvias regulares”, sostienen en Juntos por el Cambio y que “la marginalidad es un problema que cruza horizontalmente todas las dimensiones porque en La Matanza no solo hay un enorme porcentaje de comercios que funciona con habilitaciones truchas; también hay un sinnúmero de industrias que opera con habilitaciones provisorias”.
Hablan en ese sentido de “un municipio blue que se mueve paralelamente generando otro flujo de recursos a los oficiales. De todos modos, los ingresos formales son muy superiores a los gastos, lo que permite inflar la masa de recursos financieros que conviven con la extrema necesidad de la gente”.
Eso y además la ilegalidad de la venta ambulante y la toma de tierras que en La Matanza, como en nuestra región, están a la orden del día.
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