El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó ayer que el Ejército declaró “alerta roja” para la región de La Araucanía al sur del país, zona en la que sus fuerzas están desplegadas desde hace casi un año para contener los hechos de violencia rural, fenómeno que durante los últimos días ha registrado múltiples ataques incendiarios contra particulares.
Según explicó el funcionario de Gobierno, esta definición de seguridad implica que “un 50 por ciento del contingente presente en la zona se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización”, sumado al apoyo de dos helicópteros y el contingente habitual de Carabineros para “reforzar las capacidades de respuesta en términos de eventuales hechos de violencia que ocurran en la zona”.
“Se va a cuantificar y definir la forma de implementar de aquí al lunes, entendiendo que la única respuesta rápida en materia de vehículos blindados no es comprarlos, sino destinar los que pudieron estar en manos del Ejército para desplegarse en la Macrozona Sur”, detalló Monsalve.
En las últimas 48 horas hubo camiones y otros vehículos siniestrados tras ataques orquestados por grupos de encapuchados, además del tiroteo a la casa de un consejero constitucional de ultraderecha electo el pasado domingo.
Monsalve enfatizó “el rechazo rotundo del Gobierno a los hechos de violencia. La violencia es un adversario de la democracia, éste es un Gobierno que cree en la democracia, la vamos a defender y defender la democracia también implica aplicar el Estado de Derecho”.
Desde mayo pasado, en la zona rige un estado de excepción ratificado por el Congreso en 23 oportunidades.
Esta medida es una herramienta constitucional que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales rutas y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
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