Jubilación docente: elevan pedido de informe al IPS por "demoras y plazos inciertos"

En medio del reclamo de los docentes bonaerenses por demoras y plazos inciertos para obtener su jubilación, el bloque opositor de diputados provinciales solicitó un pedido de informes al Instituto de Previsión Social (IPS) para conocer la situación en detalle. Los legisladores pidieron información sobre la cantidad de reclamos y/o denuncias presentados, la digitalización de expedientes y los plazos desde el inicio hasta la finalización del trámite.  

A mediados de abril, docentes de distintas ciudades de la Provincia se movilizaron a La Plata para manifestarse frente a las instalaciones del IPS. La protesta contó con un gran número de docentes que marcharon a la sede previsional de 47 entre 5 y 6 para denunciar enormes demoras con sus expedientes. "Este trámite no debería tardar más de doce meses en resolverse de forma rápida y sin intermediarios", expresó una manifestante. 

Además, también existe el drama de aquellos beneficiarios que deben percibir sus haberes por cargos de extensión horaria de escuelas privadas. Son docentes que tuvieron cargos de conducción y que trabajaron más horas en las escuelas. En su caso, se sumaron al reclamo y a la protesta en La Plata porque la porción de extensión horaria de sus cargos no se acredita automáticamente como sucede con los cargos de base, debiendo hacer trámites engorrosos para su actualización. 

En este sentido, los legisladores señalaron que "son numerosas y de diversa índole las quejas de docentes mientras los canales oficiales de comunicación del IPS no responden".  

"Muchos docentes recurren a los abogados previsionales o a los gremios para realizar sus trámites cuando debería ser un trámite sencillo, autogestionado y sin costos", sostuvieron. 

Los legisladores opositores aseguraron que "el trámite jubilatorio de los docentes bonaerenses depende de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE, para docentes de la gestión pública), la Dirección de Educación Privada (DIEGEP, en el caso de los docentes de la gestión privada) y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), un organismo público que promociona avances y modernización en sus redes sociales, pero no admite recibir comentarios ni reclamos por parte de los beneficiarios". 

"Es todavía más grave que muchos docentes y auxiliares de educación también acusen no poder comunicarse por ninguno de los canales de comunicación oficiales, por lo que deben recurrir al asesoramiento de los gremios docentes para sus trámites o bien a los abogados previsionales que les cobran honorarios por cuestiones que deberían ser autogestionadas. En estos momentos en que el país vive una grave crisis en su economía, parece muy injusto que los docentes que trabajaron toda su vida tengan que correr con dichos gastos", expresaron.