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La Justicia federal confirmó que el secretario de Obras Públicas municipal, Luis Barbier, fue otra de las “víctimas” del “hackeo” a dirigentes opositores, jueces y fiscales -que tuvo su epicentro en el espionaje ilegal al celular del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D`Alessandro-, y que ahora analiza citar al funcionario platense y eventualmente peritar elementos de su pertenencia.
Se trata de la pesquisa derivada a causa de la denuncia de D`Alessandro por la que la Justicia imputó al “hacker” misionero Ezequiel Nuñez Pinheiro como responsable del presunto espionaje ilegal a éste y otros funcionarios. Mientras la causa original por ahora se sustancia en la justicia porteña -hoy se encuentra envuelta en un litigio por su competencia que debe dirimir la Corte Suprema-, en paralelo un tribunal federal comenzó a investigar el caso raíz de la presentación de otro de los damnificados, el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli.
Se trata del juzgado federal nº1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, que en un primer momento derivó la investigación en el fiscal Federico Delgado. Según pudo saber este diario, fue este funcionario judicial el que descubrió que Barbier había sido víctima de una maniobra de “SIM swapping” (la creación de una tarjeta melliza del celular) por parte del informático misionero. Pero hace unas semanas la reconocida jueza en materia electoral retomó la investigación y desde entonces volvió analizar la documentación reunida durante la instrucción.
Ahora en conjunto con los integrantes de la secretaría Nº 1 de su juzgado analiza la posibilidad de citar al funcionario platense y eventualmente pedir elementos de prueba, como el peritaje del celular hackeado. “La causa sigue activa”, expresó una fuente tribunalicia.
Tal como publicó este diario en su edición de ayer, Barbier sostuvo que se enteró del episodio “por los medios periodísticos” y que preventivamente presentó un “escrito” en la Justicia. Desde el citado tribunal optaron por no dar detalles sobre la presentación del funcionario damnificado pero sí que que fue “víctima” del ataque informático.
En este marco, el dirigente de Juntos por el Cambio expresó a este medio que “soy una víctima, estoy a disposición y quiero que se investigue y se llegue a fondo” y consideró que fue blanco del ataque por ser “un hombre de la política. Pero como caí yo, pudo haber caído cualquiera. No sé con qué fines me escucharon. Tampoco sé en qué tiempo”.
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El escándalo por las filtraciones de chats sustraídos del teléfono de D´Alessandro ocurrió a principios de diciembre pasado. El extitular de Seguridad porteño, casualmente el reemplazante de Santilli en el cargo, intentó defenderse de las acusaciones derivadas de la información presuntamente sustraída a su teléfono y rápidamente fue a la Justicia para denunciar el “hackeo” de su móvil. Desgastado por la polémica desatada por el viaje al paraje patagónico de Lago Escondido con jueces y empresarios, del que dieron cuenta las filtraciones antes citadas, primero pidió licencia y a fines de marzo pasado presentó formalmente la renuncia. Fue reemplazado por Eugenio Burzaco, ex viceministro de Patricia Bullrich en la gestión de Cambiemos.
En paralelo, la justicia porteña comenzó a delinear varias líneas de investigación que dan cuenta de la presunta existencia de una red de espionaje ilegal de la que serían parte los administradores del sitio “Dark PFA”, los mismos que habrían contratado los servicios de Nuñez Pinheiro para interceptar los celulares de dirigentes opositores y funcionarios judiciales.
Por su parte, la jueza Servini de Cubría descubrió que el informático también accedió de forma ilegal al celular de una mujer de apellido Piperio, quien declaró haber sido extorsionada tras la maniobra: aseguró que desconocidos le pidieron hacer una transferencia a una cuenta del banco Brubank a cambio de recuperar el control de su teléfono. Al parecer, dicho ataque informático ocurrió el pasado 12 de octubre, dos días antes del espionaje a Santilli.
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