Las agresiones físicas y verbales sufridas por docentes por parte de familiares de alumnos deben ser no sólo investigadas y evitadas, sino también incluidas en el contexto de una creciente violencia que afecta también a médicos y auxiliares de hospitales públicos y que encuentra en otras víctimas escenarios propicios, antes impensados, para expresarse.
En un artículo publicado en este diario se aludió a este problema, que en las últimas horas derivó en un abrazo simbólico a las escuelas Primaria 39, Secundaria 78, Jardín de Infantes 978, y la Técnica 4, todas de la localidad de Melchor Romero, en repudio a las amenazas de muerte que un padre habría formulado contra un maestro de la primaria.
Tal como se dijo allí se reunieron padres, docentes y alumnos para visibilizar el conflicto y pedir el fin de la violencia.
Sin analizar este caso en particular, lo cierto es que se denuncian cada vez más hechos de estas características, en los que familiares de los estudiantes, al tomar contacto con los docentes para conocer sobre cuestiones que hacen a sus hijos, terminan agrediéndolos y, en algunas ocasiones, también hacen lo propio con otros alumnos.
En el curso de esta semana se conocieron denuncias de directivos y de docentes sobre distintos episodios en los que algunos padres habrían ingresado a los colegios, en situaciones que habrían concluido en agresiones y amenazas.
Estos hechos habrían terminado con al menos una persona hospitalizada y con la intervención de la Policía.
Tal como se detalló -salvo casos especiales que autorizan su intervención dentro de los edificios escolares-, la Policía actúa en el exterior, para prevenir o desactivar los incidentes que puedan presentarse.
A su vez, en la nota publicada, un dirigente gremial del sector formuló diversas consideraciones en las que condenó estos episodios, consideró que se trata de “un problema cuyo origen es profundo” y frente al clima de violencia existente sugirió la “incorporación de equipos interdisciplinarios en todas las escuelas, donde psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos puedan trabajar estos conflictos”.
En uno de los casos aquí mencionados, se llegó a afirmar que algunos de los padres habrían acudido armados a las escuelas, de modo que, si así hubiera sido, el problema pareciera estar alcanzando una gravedad insospechada.
Nuestra sociedad no puede permitir, en modo alguno y por ninguna causa, que no se respete en forma absoluta a los docentes y, mucho menos, que sean víctimas eventuales de agresiones físicas o amenazas.
Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran labrarse y de la aplicación de penas o sanciones que pudieran corresponderle, por supuestas comisiones de delitos o faltas administrativas en su desempeño, resulta imperativo que se castigue a los autores de estos irracionales ataques.
Ya se ha dicho en forma reiterada que el problema reviste una extraordinaria complejidad y exige, además de los diagnósticos que puedan servir como puntos de partida, la adopción de una verdadera política de Estado que se ocupe de enfrentar y resolver los desafíos de educación, que debiera ser una herramienta básica del progreso individual y social.
Ello, sin dejar de ofrecer la apoyatura y el respaldo imprescindibles a los docentes, para que el sistema educativo vuelva ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito de excelencia formativa de los estudiantes.
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