Los problemas que se producen al tener que albergar a presos en las comisarías

La recaptura en los últimos días de un preso que se había escapado de una comisaría de nuestra zona, aprehendido a no mucha distancia de la dependencia policía, resultó ser un episodio afortunado por su conclusión y al mismo tiempo sirvió para volver a señalar que hace varias décadas -al menos casi cinco- que no se resuelve el grave problema que origina la presencia de presos en comisarías.

No se habla de aquellos que, detenidos en flagrancia o por causas pendientes, transcurren unos días en los calabozos existentes en las comisarías, hasta que por vía judicial se decide su inicial procesamiento y que, luego, quedan albergados los primeros meses y luego hasta años en esas dependencias, por falta de plazas en las cárceles y otros establecimientos penitenciarios.

Se trata de una cuestión que, si bien puede ser compleja y de difícil resolución, debería ser abordada a través de una política penitenciaria que contemple una gradual ampliación de la capacidad en los establecimientos que las leyes prevén para alojar a los procesados. El simple crecimiento poblacional ya indica esa necesidad.

Desde las décadas del 70 y 80 los especialistas vienen diciendo que la Policía debiera concentrarse en sus tareas específicas y que, por consiguiente, no tendría que cumplir funciones que son propias del Servicio Penitenciario, ya que la misión primordial de la fuerza policial es la de velar por la seguridad de la población.

Las comisarías no pueden ofrecer en modo alguno la seguridad ni los distintos servicios que deben recibir las personas detenidas largo tiempo.

La fuerza policial existe, como se ha dicho, para actuar en las calles y ofrecer seguridad a la población, no para contener y cuidar a presos durante largo tiempo.

Está claro para todos que las falencias de espacio no pueden seguir siendo cubiertas por la conversión de comisarías en cárceles, en base a una delegación de funciones que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico.

Ocurrieron motines con participaciones de muchos detenidos en no pocas comisarías, con el saldo de policías y presos heridos; se registraron aquí y allá a lo largo de mucho tiempo fugas de detenidos con graves antecedentes delicitos, creándose distintas situaciones de altísimo riesgo para los vecinos.

Se invocó muchas veces el alto costo presupuestario que supone la construcción de cárceles modernas, ajustadas a las nuevas pautas institucionales existentes para la contención de presos.

Si bien ello ha sido determinante, una política de inversiones graduales podría ir resolviendo una situación que no debería prolongarse.

Sea como sea, la superpoblación carcelaria no debería ser resuelta apelando a los calabozos policiales, sino, en todo caso y por ahora, incorporando ampliaciones a los penales existentes.

Debe insistirse en que la Policía existe como fuerza de seguridad creada para darle mayor seguridad a la gente, no para alojar presos por largo tiempo.