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Israel: piden suspender la reforma judicial

El premier Netanyahu

Por Redacción

JERUSALÉN

El jefe de la oposición en Israel, el ex primer ministro Yahir Lapid, advirtió ayer que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe paralizar su polémica reforma judicial durante al menos un año y medio, para que pueda buscarse un consenso entre ambas partes sobre una legislación que ha polarizado al país.

“La única solución posible, y lo único que permitirá volver a las negociaciones, es congelar la legislación. El gobierno y la oposición deberían promulgar conjuntamente una moratoria de 18 meses”, escribió Lapid en su cuenta de la red social X.

“Mientras no haya un congelamiento en la legislación, no tiene sentido hablar de otras leyes u otros acuerdos”, añadió.

Pero el partido derechista Likud, liderado por Netanyahu, rechazó las demandas del opositor inmediatamente.

“Invitamos a Lapid a entrar en negociaciones de inmediato”, dijo el Likud en un comunicado.

REFORMA POLÉMICA

Netanyahu y sus socios ultrotrodoxos y ultranacionalistas anunciaron en enero una polémica reforma judicial que busca restar independencia a la Justicia para otorgarle más poder al Ejecutivo.

Desde entonces, se levantó un histórico movimiento de protesta en todo el país, que aglutina diversos sectores sociales -académicos, militares, empresarios de alta tecnología, mujeres- y organiza constantes y multitudinarias marchas antigobierno, algunas veces con brotes de violencia ante la represión policial.

La presión social logró que el gobierno suspendiera la tramitación legislativa en marzo para iniciar un diálogo con la oposición, auspiciado por el presidente israelí, Isaac Herzog.

Pero las negociaciones no fructificaron y la coalición gubernamental decidió continuar unilateralmente con su reforma, pese a las críticas que incluso llegaron desde la esfera internacional.

El lunes pasado, el Parlamento o Knéset-donde el gobierno tiene mayoría- aprobó una de las leyes fundamentales de la reforma, la que eliminó la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales que no considerara razonables.

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