En el marco de la investigación por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, la Justicia Federal de Tucumán imputó en las últimas horas a dos dirigentes gremiales por su presunta participación en el encubrimiento de este caso.
Se trata de Norberto Manzano, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), y Carlos Alberto Rojas, líder del mismo gremio en la provincia de Tucumán.
Ambos fueron citados para declarar en los tribunales federales y, aunque no brindaron declaraciones, presentaron un escrito mediante sus abogados.
La Justicia decidió imputarlos bajo la sospecha de que podrían haber ocultado información crucial sobre el caso, que ya lleva 21 años de investigación.
Según la acusación, los dirigentes tenían una carpeta que contenía fotografías del cuerpo de Marita Verón. Estos documentos podrían arrojar luz sobre el destino de la joven, pero no fueron proporcionados a las autoridades.
A principios de agosto, Susana Trimarco, mamá de Marita, convocó a una conferencia en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, donde dio a conocer nuevas pistas que podrían estar relacionadas con la desaparición. Allí fue que reveló la existencia de esa carpeta con fotos y documentos que sugieren que Marita habría fallecido, y que personas vinculadas a “sectores gremiales” podrían estar involucradas en el caso.
Marita Verón, de 22 años en el momento de su desaparición, fue secuestrada desde un automóvil en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002.
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