Demanda a IOMA por un tratamiento

Una denuncia penal se realizó al presidente del Instituto Obra Médico Asistencial, Homero Giles, al no cumplimentarse una medida cautelar ordenada por un juez platense en lo civil y comercial en una causa por, presuntamente, violar la Ley de Celiaquía y por la no cobertura de insumos, iniciada por una afiliada que sufre esa enfermedad y, además, padece Diabetes tipo 1.

Hace casi un mes, el Tribunal Criminal Nro. 3 de La Plata ordenó a IOMA entregar a la afiliada R.A. que padece Diabetes Tipo 1 (que implica controlarse 6 veces por día el nivel de glucosa mediante el clásico “pinchazo”) dos sensores mensuales para el monitoreo continuo de glucosa (cgm). Estos sensores flash duran 14 días y se deben reemplazar. Comúnmente son llamados “parches”.

El juez también dio dar cumplimiento al 100 por ciento del tratamiento farmacológico y todo lo indispensable para enfermedad crónica de celiaquía junto con la cobertura asistencial integral de asignación mensual obligatoria dispuesta por ley 26.588 y decreto reglamentario 218/2023 (b.o. 26/04/23). La asignación mensual supone un pago de aproximadamente 7.500 pesos por mes.

Sin embargo habiendo transcurrido casi un mes y pese a las sucesivas presentaciones de la paciente, aseguran que “el IOMA siguió sin cumplir la medida cautelar, y generó las mismas trabas burocráticas que la llevaron a la interposición del amparo y el dictado de la medida cautelar referida”.

En ese contexto, el 31 de agosto pasado, el Tribunal Criminal Nro. 3 habilitó a la afiliada a promover la denuncia penal por desobediencia, la que fue interpuesta contra Homero Giles, Presidente del IOMA. La misma tramita ante la UFI Nro. 15 de la Plata.

El abogado de la paciente, Marcelo Szelagowski, argumentó sobre la denuncia penal que “IOMA no dejó otra salida, ya que ignora por completo la orden judicial impartida por el Tribunal Criminal, pretendiendo hacer recorrer a la enferma el mismo camino burocrático cuya negativa la había llevado a habilitar la vía judicial, la desatención a los afiliados y enfermos por parte de la Obra Social, ha llegado al punto de la desobediencia judicial y debe ser severamente corregida.”

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