Reabrieron la causa Hotesur-Los Sauces y ordenaron juzgar a Cristina Fernández de Kirchner

Este lunes, la Cámara de Casación reabrió la causa conocida como "Hotesur-Los Sauces" y ordenó juzgar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, revocaron el sobreseimiento a la Vicepresidenta y pidieron por la reanudación del juicio oral y público. Además de la expresidenta, se encuentran en la misma situación otros treinta imputados, entre ellos Máximo Kirchner.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos. Las resoluciones son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tanto, Florencia Kirchner quedó sobreseída dado que cuando se constituyeron las sociedades investigadas "ella tenía doce años", por lo que el proceso judicial involucrará a Cristina y Máximo.

Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, habló de la "gravedad institucional" de la decisión de los dos jueces que -dijo- "con un simple análisis dogmático", sin valorar pruebas, "devastó" años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad.

La Cámara también ordenó que se realice un enjuiciamiento oral en la causa por el memorándum con Irán, en donde la ex mandataria está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA.

En noviembre del año 2021, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 dispuso por mayoría el sobreseimiento de todos los imputados en la causa, en la que se investigan supuestas maniobras de “lavado” a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz. La decisión, tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, contó con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti.

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En aquella oportunidad, también habían sido sobreseídos los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.

A finales del mes de febrero de 2019, el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. En el auto de elevación a juicio, Ercolini atribuyó a los procesados haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado".

Cristina reaparecerá este sábado para encabezar un acto en la UMET

 Asimismo, luego de conocerse la resolución, Cristina Fernández de Kirchner anunció que este sábado presentará la reedición del libro sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el filántropo Torcuato Di Tella.

"El sábado vamos a presentar la reedición, a 20 años de su publicación, de un libro imprescindible: "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner". Lo van a poder ver en vivo a través de mis redes sociales", anunció Cristina este lunes en su red social X.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de septiembre a las 18 en el Auditorio de la UMET, en Sarmiento 2037, en la Ciudad de Buenos Aires. Cristina, ausente en el último tiempo en la campaña electoral de Unión por la Patria, estará junto a Pedro Rosemblat en la charla que brindará, titulada "De castas, herencias, derrumbes y futuro".

La causa

La llamada causa “Hotesur” se abrió en noviembre de 2014 para saber si empresas privadas ligadas al kirchnerismo y contratadas para obra pública incurrieron en operaciones de lavado de dinero contratando habitaciones de los hoteles “Alto Calafate” y “Los Sauces”, de la familia Kirchner, y que nunca fueron usadas. Por distintos motivos tanto Antonio Ramfos como las defensas de Romina Mercado, presidenta de “Hotesur” y sobrina de Cristina Kirchner; de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y de Báez, pidieron que la causa pase al sur porque entienden que los hechos que se investigan ocurrieron allí y las empresas involucradas están instaladas en la provincia de Santa Cruz. Tanto el juez federal Claudio Bonadio -antes de ser apartado de la causa-, como la Sala I de la Cámara Federal y la Cámara Federal de Comodoro rechazaron el pedido de los imputados.