Dilatan el pedido del FMI para aumentar las tarifas

Entre los pedidos que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe técnico en el que dio por finalizada la quinta y sexta revisión del acuerdo, una de las mayores exigencias estuvo focalizada en la necesidad de aumentar las tarifas de luz y gas para reducir la ya previamente incumplida meta del déficit. Sin embargo, ese requerimiento debía definirse en el arranque de septiembre y no hubo novedades al respecto.

“Las autoridades anunciarán su decisión de ajustar los precios de la electricidad mediante la emisión de una resolución -propuesta para finales de agosto de 2023- a partir del 1 de septiembre, para usuarios residenciales de ingresos altos, medios y bajos, así como para usuarios comerciales más pequeños en línea con la legislación establecida y los objetivos acordados de recuperación de costes”, expresó el FMI en el reporte técnico.

En otras oportunidades, el Fondo había advertido, tras alcanzar un entendimiento técnico con la Argentina, que era indispensable subir las tarifas para compensar los mayores costos y reducir los subsidios energéticos. “Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”, indicó el ente multilateral de crédito.

Pero, a pesar de dejar plasmado ese compromiso por parte del Gobierno, aún no hubo avances en ese sentido. Incluso, tras la devaluación, el equipo económico se abocó a estudiar el impacto del salto cambiario en el costo de la generación de energía. La secretaria del área, Flavia Royón, dijo que rondaba el 10%, pero que estaba en definiciones si habría o no traslado a los precios que pagan los usuarios residenciales y, también, a quiénes abarcaría esa actualización tarifaria.

En el Ejecutivo resuena una estrategia respaldada en cuestiones administrativas. Ya que para modificar los valores de las tarifas se requiere de una audiencia previa, el Gobierno puede “ganar tiempo” en el proceso de discusión antes de implementar un nuevo aumento.

Incluso otra variante es definir nuevos cuadros tarifarios “retroactivos”, como sucedió ya en los meses previos, con lo que el anuncio de aumento se dilata, pero la fecha en el que rige se establece, por caso, desde el 1 de septiembre.

LE PUEDE INTERESAR

El silencio de Cristina y Máximo en la campaña hace mucho ruido

LE PUEDE INTERESAR

La suba de la canasta de alimentos le gana por goleada a la de salarios

Esta suerte de “táctica dilatoria” se suma a la decisión de congelar hasta después de las elecciones el precio de los boletos de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, retrasa el incremento, aunque sea por un tiempo, para darle algo de oxígeno a los ya presionados índices de inflación, que para los próximos meses podrían marcar cifras mensuales de dos dígitos, producto de la devaluación implementada el lunes después de las PASO.

En paralelo, desde los entes reguladores las estrategias son distintas. El de la energía eléctrica (ENRE) se enfoca en exigir a las distribuidoras del AMBA (Edenor y Edesur) que informen de manera detallada a los usuarios residenciales consumos excesivos, y por ende facturas más caras.

En tanto, desde el Enargas se pusieron en contacto con las firmas del sector (distribuidoras y transportistas) para comenzar a delinear una posible readecuación tarifaria para el resto del año.