La inflación es el principal riesgo para el plan de Milei

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Más allá del inconducente debate sobre las responsabilidades de la inflación de diciembre o la diferencia positiva observada entre el dato real versus la expectativa de la previa, no hay dudas de que el 25,5 por ciento que informó el Indec es un número altísimo.

Según el Indec, 2023 cerró en 211,4 por ciento, con el rubro más sensible de todos liderando, por lejos, las subas: 251,3% fue la suba de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

No hay dudas, además, de que la inflación -tendencialmente- es cada vez más alta. Juan Manuel Telechea recordaba en X: “La inflación se multiplicó por 2 entre 2015 y 2019 (25 por ciento vs 50 por ciento) y por 4 entre 2019 y 2023 (50 por ciento y +200 por ciento)”.

La historia no siempre se repite, pero es justo, necesario y urgente preguntarse si el Gobierno va lograr bajar la inflación y, si es que lo logra, hasta cuánto. También es justo preguntarse cuán comprometido está el Gobierno, al menos inicialmente, con bajar la inflación, dada la tentación de acomodar las variables reales vía licuación. Como mostró Andrés Borenstein en X, el “no hay plata” de Javier Milei ahora se extiende a la economía toda, y ya no solo al deficitario Estado.

La inercia previa, el atraso en algunos precios relativos y la no utilización de paliativos típicos de la gestión anterior -como Precios Justos- sugieren que la inflación, según el Gobierno que lidera Milei, será la que tenga que ser. Según el jefe de Estado, un sistema de precios libre es el circuito básico de cualquier economía capitalista.

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Descartada (por el momento, cuanto menos) la dolarización, el objetivo del oficialismo está en utilizar las anclas macroeconómicas para controlar la inflación, con el superávit fiscal a la cabeza. En el corto plazo, también haría su aporte el tipo de cambio oficial. Cuando los precios relativos estén alineados y los desequilibrios macroeconómicos empiecen a corregirse, la inflación tenderá a bajar.

Está claro que eso no ocurrirá en enero, febrero ni, en principio, tampoco marzo. Si esta desinflación llega, lo hará recién hacia el otoño. En el mientras tanto, se verificará cuán soportable -social y políticamente- es la licuación de variables más sensibles que los pasivos remunerados sobre el PIB como el salario, las jubilaciones o las prestaciones sociales.

Lo que viene

“El año comenzó con el anuncio de algunos aumentos en regulados y en precios que habían estado congelados hasta el momento. Combustibles se incrementó 27 por ciento (luego de la suba de 82 por ciento de diciembre) con arrastre a otros precios en la economía. Se suman también las primeras autorizaciones a aumentos en transporte y prepagas. Esto le impone un piso de 15 puntos para la inflación de enero”, dijeron desde LCG.

“Aunque pueda verse una desaceleración respecto a diciembre, esperamos un registro alto también para este mes, en torno al 25 por ciento. Para adelante, quedan pendiente los ajustes en tarifas de servicios públicos y probablemente un nuevo deslizamiento cambiario si se sostiene un ritmo de crecimiento de los precios 10 veces superior al de dólar oficial. Luego de un diciembre turbulento en materia de aumentos, las primeras dos semanas del año cierran con una inflación promedio semanal de 4,1 por ciento, pero desacelerando. Esto representa volver al ritmo de aumentos de noviembre. A pesar de la desaceleración semanal, la inflación promedio en las últimas 4 semanas asciende a 32 por ciento, máximo desde que tenemos registros en nuestro Relevamiento de Precios”, dijeron y agregaron: “Además, el porcentaje de productos con aumento continúa alto (40 por ciento) reflejando que la canasta ajustaría casi dos veces al mes. La posibilidad de una convergencia hacia niveles de inflación más bajos dependerá de que el Gobierno logre anclar las expectativas a través del cambio de régimen que propone para la economía. Sin políticas de corte heterodoxo (controles de precios, acuerdos de precios y salarios) que lo complementen, la escalada inflacionaria podría demorar o dejar sin efecto todo el programa”.

“La inflación promediará 20 por ciento mensual entre diciembre y marzo, periodo para el cual prevemos que el salario real caiga en torno a 10 por ciento”, dijeron en Ecolatina y agregaron: “Habrá una combinación de paritarias bimestrales/trimestrales que buscarán ‘ganarle’ a los precios, con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra. Sin embargo, todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10 por ciento de su valor durante el verano, por lo que el efecto de la recesión -y el ancla salarial- también jugará su papel en estos meses. No conocemos cómo saldrá el experimento, pero sí sabemos que tendrá costos -sociales y políticos- y que estos se combinarán con un latente riesgo de espiralización en tanto el oficialismo tenga dificultades en llevar a cabo su plan fiscal-monetario u obtener al menos una parte de las reformas propuestas en el DNU o la Ley Ómnibus enviada al Congreso”.

“La resistencia de un precio relativo a ajustarse, en este caso los salarios, será uno de los factores que complicará una rápida desaceleración de la inflación y, al mismo tiempo, el costo a pagar por el Gobierno para no profundizar la crisis -con todas las dudas que esto ocasionará sobre los pasos a seguir- y la conflictividad social”, detallaron.