Ley Ómnibus: los dos puntos clave que condicionan el apoyo de gobernadores de JxC y que buscan cambiar

”Así como está, no sale”. Esa frase sonó varias veces ayer, en la reunión virtual que por la mañana compartieron gobernadores y legisladores del PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal (las tres escisiones parlamentarias de lo que antes fue Juntos por el Cambio). El encuentro sirvió para unificar posturas y definir la estrategia a seguir en pleno debate por la denominada Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei quiere tratar lo antes posible en la Cámara de Diputados. Pero que choca con la renuencia de mandatarios y bloques dialoguistas a acompañar un proyecto que, advierten, afectará considerablemente a las provincias y a sectores como el de los jubilados y el campo (con una suba de retenciones que se resisten a apoyar).

No es que esta oposición, que se autopercibe como “colaborativa” y garante de gobernabilidad, rechace el fuerte ajuste fiscal que propone Milei. Si hasta lo consideran necesario y sostienen que están un 80 por ciento de acuerdo con el paquete de leyes que el presidente envió al Congreso. Sin embargo, se resisten a aceptar que la mayor parte de los recortes recaiga sobre las provincias.

Por eso, uno de los principales reclamos de los gobernadores tiene que ver con la intención del Presidente de subir los derechos de exportación (retenciones) para las economías regionales a un 15 por ciento. Para los mandatarios, la medida no solo afecta el crecimiento de los sectores productivos, sino que además se trata de un impuesto coparticipable que perjudica a las provincias y lo recauda el Gobierno nacional sin distribuirlo entre las 24 jurisdicciones.

En el radicalismo y el PRO tampoco están dispuestos a votar la Ley Ómnibus si el Ejecutivo avanza con cambios en la fórmula jubilatoria que perjudique a este sector vulnerable de la sociedad. Pues no piensan pagar el costo político de ajustar a los jubilados.

Otro tema que inquieta a los gobernadores tiene que ver con la compensación por la quita de Ganancias que decidió la anterior administración y que, al ser coparticipable, privó de fondos millonarios a las provincias.

Tampoco caen bien las reformas pesqueras del megaproyecto de ley, sobre todo en lo que hace a los cupos de pesca, la eliminación de la obligatoriedad de la descarga del producto en puertos argentinos y la suspensión de la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.

Preocupados por la intransigencia del Gobierno, que evalúa cortar la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias, los gobernadores resolvieron también acompañar el planteo de la ciudad de Buenos Aires frente al fallo de la Corte Suprema que obliga a la Casa Rosada a devolverle los fondos coparticipables que se le quitaron.

Junto a los diez mandatarios de la coalición opositora –Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes)–, participaron de la reunión de ayer los líderes parlamentarios de cada bloque: Rodrigo De Loredo (UCR); Cristian Ritondo (Pro); Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).

Esos tres bloques resultan una pieza clave para la aprobación de la ley. En conjunto llegan a 94 diputados, que, sumados a los aliados de Innovación Federal, garantizan superar las 100 bancas. Los libertarios cuenta apenas con 38 diputados, insuficientes tanto para alcanzar un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara Baja como para lograr el quórum y arrancar la sesión. Milei sabe que sin el apoyo opositor, cualquiera de sus leyes cae en el naufragio.

Malestar

Pero, tal como lo habían expuesto en una reunión similar celebrada la semana pasada, gobernadores y legisladores coincidieron ayer en su malestar “por los tiempos y las formas” del Gobierno, que se comprometió a dar el viernes una respuesta con el detalle de las modificaciones al texto de la mencionada Ley Ómnibus y todavía no lo hizo.

En ese sentido, de Loredo cuestionó: “El Gobierno no puede hacer pagar el ajuste a las provincias”.

El santafesino Pullaro fue otro de los que se quejó, puntualmente por la intención del Presidente de subir las retenciones: “No comparto la mirada de que para cerrar el déficit fiscal se deba gravar con retenciones al sector productivo. Se sale con más producción, no con más impuestos”, criticó.

A la espera de una respuesta del Gobierno, en la oposición quedaron en volver a reunirse entresemana, una vez que el Ejecutivo acceda a realizar las modificaciones que prometió. De lo contrario, no descartan avanzar con un dictamen propio que contenga los cambios propuestos al texto original.

Por su parte, la Casa Rosada pretende emitir un dictamen de mayoría esta misma semana y que el proyecto se debata en el recinto de Diputados cuanto antes. Aunque en el oficialismo admiten que el panorama es delicado. Tanto es así que, por las dudas, Milei acaba de prorrogar las sesiones extraordinarias por otro mes, hasta el 15 de febrero.