Nuevo freno de la Justicia a la reforma laboral del Gobierno

En otro golpe judicial para el Gobierno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar ayer a una medida cautelar solicitada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y volvió a suspender las reformas laborales incluidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei. La decisión se conoció un día después de que el mismo tribunal dictara un fallo similar a favor de la Central de Trabajadores de la Argentina (CGT). Y entre sus argumentos advirtió sobre “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.

Al igual que la CGT, la CTA presentó un amparo a través de su titular y diputado nacional, Hugo Yasky, para declarar la inconstitucionalidad del DNU y reclamó una medida cautelar que suspenda sus efectos mientras se analiza la causa. En primera instancia la cautelar fue rechazada y la CTA apeló. Pero ayer, la Cámara del Trabajo aceptó la competencia y rechazó enviar la causa al amparo colectivo que tramita en el fuero contencioso, según pretendía el Gobierno.

“En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”, sostuvo la jueza Andrea García Vior en su voto al que adhirió el camarista Alejandro Sudera. En tanto que la jueza María Dora González se abstuvo de votar.

Los magistrados advirtieron además sobre los “perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia del DNU” y que “aparecerían, prima facie, violentados los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía constitucional y supralegal”. Además, hicieron referencia al “grave encorsetamiento del derecho de huelga que se derivaría de las modificaciones previstas en el art. 97 del DNU” y a la “instauración de ilícitos laborales colectivos que se reputan contrarios a la libertad sindical”.

El tribunal hizo también hincapié en el peligro que conllevaría demorar una resolución, se refirió al paro del 24 de enero convocado por la CGT y mencionó la decisión de la Corte de postergar el tratamiento del tema hasta febrero. “Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el día 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la Corte Suprema no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU y los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”, advirtió García Vior.

Con esta decisión, el Gobierno, que el miércoles había anticipado que apelaría el fallo a favor de la CGT, queda también habilitado para ir por la misma vía en la causa de la CTA.