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El exfuncionario habría blanqueado dinero negro a través de distintas maniobras, como el pago al contado de viajes de lujo
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La Justicia sospecha que el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recurrió a distintas maniobras y negociados para blanquear dinero presuntamente proveniente de la corrupción. En ese plano se inscriben, por ejemplo, sus lujosos viajes con la modelo Sofía Clerici, que habría pagado al contado. Como así también la compra de una casa en un country mediante testaferros y el uso de automóviles de lujo que, aunque no figuraban a su nombre, estaba autorizado a manejar.
Así lo mencionaron los fiscales Sergio Mola, de Lomas de Zamora, y Diego Velasco, de la unidad especializada en lavado de dinero, al pedir la indagatoria del exfuncionario que además fue diputado nacional y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
Los fiscales señalaron también los nexos de Insaurralde con empresas proveedoras de la comuna que encabezaba, las relaciones de esas firmas con departamentos de lujo donde vivió con Jésica Cirio y sus relaciones con el contador Andrés Galera, condenado como testaferro de José López, el exsecretario de Obras Públicas que cayó preso cuando intentaba ocultar 9 millones de dólares en un convento de la localidad de Moreno.
En un dictamen de 40 páginas, la fiscalía observó que el departamento que compartieron Insaurralde y Cirio en el edificio Aleph Residence, de Puerto Madero, estaba registrado a nombre de la firma Revilier SA, con expensas que, en el año 2023, superaban los 727.000 pesos mensuales. Esa empresa era controlada por Galera, quien además integraba la sociedad Viani Sacicya, que habría recibido contrataciones directas y adjudicaciones del municipio lomense.
“Este ejemplo es muy elocuente en torno a un posible supuesto de tráfico de corrupción”, advirtieron los fiscales, que también le apuntaron a la cesión suscripta entre la primera esposa de Insaurralde, Carolina Álvarez, y la empresa DOIO en 2006, que en 2011 -casi 5 años después- la transfirió a Sasaxa Líbero S.A., compañía controlada por Insaurralde a través de personas de su círculo íntimo, como sus dos hijos, Martín y Rodrigo, y su sobrino Gastón Barrachina. Para la Justicia, el exalcalde usó está esta empresa como fachada para lavar plata y enriquecerse en forma ilícita.
Por eso los fiscales Mola y Velasco pidieron indagar por supuesto lavado de dinero tanto a Insaurralde como sus dos hijos; su sobrino; su exesposa, Carolina Álvarez y el presunto testaferro Víctor Donadío.
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De acuerdo al expediente judicial, la empresa Sasaxa tuvo un rol preponderante en la compra de la casa del exintendente en el country Fincas de San Vicente-Club de Chacras, en la provincia de Buenos Aires. Porque si bien la adquisición la hizo en 2006 la exmujer de Insaurralde, en 2011 fue transferida a Sasaxa, a través de una serie de maniobras que incluyeron la participación de otra empresa bajo sospecha.
Esa compañía es DOIO SRL, que figuraba como contratista tanto del gobierno bonaerense como del municipio de Lomas de Zamora en adjudicaciones firmadas, en su mayoría, por el propio Insaurralde como intendente.
De DOIO es además socio el mencionado Donadío, de quien Insaurralde es deudor, según su declaración jurada de 2013. Para los fiscales, Donadío y sus empresas son “una figura que adquiere suma relevancia en las maniobras que aquí se investigan, pues está directamente vinculado con la adquisición de las propiedades de Insaurralde y paralelamente con el negocio de la obra pública no solo de Lomas de Zamora”.
Por otro lado, se comprobó que las empresas de Galera, que son adjudicatarias de obras en Lomas de Zamora, han participado en llamados a licitación con DOIO, repartiéndose la adjudicación de obras públicas en la zona de influencia de Insaurralde como la pavimentación de la Ruta 16.
“Estas sugestivas coincidencias, otorgan verosimilitud al origen de los fondos que sostenemos aquí, puesto que la corrupción vinculada al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde, evidenciados por negociaciones incompatibles, y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con su ingresos, se presentan de forma evidente, a poco que se repare en los nombres que aparecen en las maniobras de lavado para la puesta en circulación”, concluyeron los fiscales.
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