Un dictamen le da más control al Gobierno sobre las auditorías

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra (exjuez de la Corte, ex ministro de Justicia en los 90), emitió ayer un dictamen que vuelve a cambiar la interpretación sobre las auditorías en las universidades. Así, el sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en la tarea sin necesidad de un convenio específico con cada institución. Este nuevo criterio da por tierra con el implementado por el cristinista Carlos Zannini, que fue procurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.

Antes de la gestión de Zannini como jefe de los abogados del Estado las universidades tenían mayor grado de control por parte de la Sigen. Pero en noviembre de 2022, Zannini también sacó un dictamen en el que resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100º de la Ley de Administración Financiera, cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional incluidos los entes públicos con autarquía financiera. La justificación, muy técnica, fue un artículo incluido en el presupuesto de 2020.

Información a voluntad

El efecto de esta interpretación por parte de Zannini resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023 Jaime Perzyck, ex ministro de Educación de Alberto F., firmó un convenio con la Sigen por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo. Pero, se reitera, era a voluntad. En ese sentido, a esta altura de los acontecimientos, las universidades -si es así como dice el Gobierno- cometieron el error de no informar sus ingresos y egresos como cualquier institución u organismo del Estado, más allá que no haya sido obligatorio.

La AGN depende del Congreso de la Nación y suele ser presidida por un dirigente opositor al gobierno de turno. Hoy lo hace Juan Manuel Olmos, exvicejefe de Gabinete de la gestión anterior.

El dictamen de ayer de Barra surgió a partir de un requerimiento de la Secretaría de Educación para que la Procuración “se expida nuevamente y en forma específica sobre los alcances de la aplicabilidad a las Universidades Nacionales del sistema de control interno que impone la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. O sea, que la Sigen, que depende del Poder Ejecutivo, vuelva a ser parte.

El actual procurador del Tesoro retomó el antecedente de Zannini, pero avanzó en otra dirección. Su conclusión estableció: “A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N°‹ 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia ofrecería un aumento cercano al 8% para terminar el año: cómo sigue la negociación salarial

LE PUEDE INTERESAR

Subió 10% en dólares el precio del metro cuadrado para construir

El dictamen es funcional al discurso del presidente Javier Milei, que viene insistiendo en que el conflicto con las universidades públicas -luego de blindar el veto contra la ley de financiamiento que le había impuesto la oposición- no es por una cuestión conceptual sobre el arancelamiento sino que se debe a la reticencia de las casas de altos estudios a ser auditadas. “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”, repitió el mandatario dos veces en las últimas 48 horas.

De acuerdo a información oficial, desde 2022 se firmaron convenios con 29 de las 66 universidades del sistema. Tres se firmaron durante la gestión libertaria: las que accedieron a ser auditadas (que están entre las más ahogadas financieramente) fueron la Universidad Nacional del Sur, la de La Rioja y la Universidad Nacional del Chaco Austral.

Después que se conoció el dictamen de Barra, desde el PRO celebraron la decisión en redes sociales. “Valoramos que el Gobierno haya escuchado el pedido que realizamos desde nuestro bloque. Revertir la resolución del kirchnerismo y habilitar a la Sigen para auditar el gasto de las universidades es un gran avance hacia la transparencia”, postearon los amarillos.

Desde La Libertad Avanza, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez (la cara del gobierno en esta pelea), salió a celebrar la resolución. “De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Zannini para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales”, puntualizó.

La Sigen, que depende del Poder Ejecutivo, vuelve a ser parte de las auditorias