Allanan la obra social de los peones rurales

La justicia federal allanó ayer, por presunto lavado de dinero , la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Es la tercera obra social más importante del país y está a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. Esa fue la razón por la que en el gobierno de Javier Milei hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero.

Más allá de la opinión del Gobierno, fue el delegado de UATRE, Marcelo Andrada, el que presentó la denuncia formal.

El texto presentado a la Justicia por Andrada, describe una presunta disonancia entre el patrimonio atribuido al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados”.

La denuncia pide investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con empresas por los seguros por sepelios.

Además dijo que había “posibles retornos de dinero en efectivo” de parte de compañías también vinculadas al fútbol de primera división.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”.

Además, el juez le requirió al organismo que depende del Ministerio de Salud elaborar un informe sobre “los libros de actas del directorio de la Osprera, los inventarios y balances, y las operaciones realizadas”. Es decir, le solicitó analizar qué pasó con el dinero. Además, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco.