La publicación ayer del primer informe del Vaticano sobre la protección de menores en la Iglesia muestra la importancia para el Papa Francisco de la lucha contra los delitos sexuales cometidos por el clero, su desafío más doloroso.
Desde su elección en 2013, el argentino sancionó a prelados de la jerarquía católica e hizo obligatorio comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso. Pero su labor se vio empañada por varios escándalos y las víctimas exigen más acciones.
UNA COMISIÓN CRITICADA
A finales de 2014, Francisco creó una comisión internacional consultiva de expertos para la protección de menores, compuesta por religiosos y laicos, a la que encargó redactar este informe en 2022.
Esta estructura recibió duras críticas y varios de sus miembros dimitieron, incluido el más influyente en 2023, el sacerdote jesuita alemán Hans Zollner. Este último denunció una “falta de claridad” y la “informaciones insuficientes y la vaga comunicación” que rodean al proceso de toma de decisiones.
A principios de 2018, el viaje del papa a Chile, un país entonces indignado por el encubrimiento de los escándalos, constituyó un rotundo fracaso que fue visto como un punto de inflexión en el pontificado.
El sumo pontífice, mal informado, defendió a un obispo chileno sospechoso de haber ocultado los crímenes de un sacerdote y pidió pruebas a las víctimas, antes de presentar una disculpa personal por sus desafortunados comentarios y de enviar a Chile a un investigador.
El caso desembocó en exclusiones y dimisiones en el seno de la Iglesia chilena.
En agosto de 2018, el Papa fue atacado con una virulencia si precedentes por su supuesto silencio sobre el comportamiento del influyente cardenal estadounidense Theodore McCarrick.
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