La disolución del Procrear: que pasará con los créditos y planes vigentes

El gobierno de Javier Milei puso formalmente fin hoy a programa PRO.CRE.AR, por decreto, anunció la implementación de hipotecas divisibles y, al mismo tiempo, que definió que ocurrirá con los créditos que aún están vigentes.

El programa había sido lanzado en 2012, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para otorgar créditos hipotecarios subsidiados para la compra o remodelación de viviendas familiares.

También existía una línea de “desarrollos urbanísticos” para beneficiarios que no contaban con terreno, que suponían la construcción de viviendas multifamiliares por parte del programa en predios propiedad del Estado nacional en diversos municipios del país.

Ahora, Milei eliminó el fideicomiso que financiaba el programa, por lo que este dejó formalmente de funcionar.

“Disuélvase el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar creado por el Decreto N° 902 del 12 de junio de 2012 y su modificatorio”, señala el texto de ese Decreto en su artículo 1°.

En la misma norma, el Gobierno dejó claro qué ocurrirá con los créditos ya otorgados: “El ministerio de Economía celebrará con el Banco Hipotecario S.A. un contrato para la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución establecidas en el contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012“, dice el artículo 3 de la normativa, que lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué pasará con los créditos Procrear vigentes

Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar es qué ocurrirá con sus créditos hipotecarios. En respuesta a esto, el decreto establece que el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.

La disolución de Pro.Cre.Ar marca un cambio en la política de vivienda en Argentina. La medida busca redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.

Por otro lado, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras. Esta medida también abre un nuevo escenario para aquellos que buscan acceder a una vivienda en Argentina, quienes deberán recurrir cada vez más al sector privado para concretar su sueño de la casa propia.

La disolución del Fondo Pro.Cre.Ar representa un paso significativo en la reorganización de las políticas de vivienda en Argentina. Mientras el Gobierno busca una administración más eficaz y reducir la intervención estatal, los ciudadanos deberán adaptarse a esta nueva realidad donde el sector privado tendrá un papel más protagónico.

El Rol del Estado en el financiamiento de viviendas

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.