Héctor Romero (71), el camionero que llevó a María Cash en julio de 2011 y la última persona que la vio viva, fue indagado ayer por la Justicia salteña después de ser detenido el último martes. “No tengo nada para ocultar”, declaró.
El hombre quedó imputado por “homicidio calificado por alevosía”. Llegó acompañado de su abogado Fernando Díaz y estuvo ante la jueza Mariela Giménez y el fiscal general Eduardo Villalba.
Primero se negó a declarar y escuchó la acusación en su contra. Después de un cuarto intermedio, finalmente habló: “Dijo que iba a declarar y responder todas las preguntas de todas las partes porque es totalmente inocente y no tiene nada para ocultar”, aseguró su defensor.
Romero inicialmente había sido testigo del caso pero ahora enfrenta una grave acusación después de una nueva revisión del expediente. Durante este proceso, surgieron una serie de contradicciones, cambios y detalles que apuntan el foco contra él.
La fiscalía emitió un dictamen que fue tomado por la jueza Giménez que planteó una nueva hipótesis fiscal: “Todo indica que Romero le quitó la vida a María Cash e hizo desaparecer el cuerpo”, aseguró Villalba.
“Es la explicación a la que se arriba con las pruebas deductivas disponibles. Existen circunstancias que deberán esclarecerse pero la evidencia actual nos lleva a esa conclusión”, insistió el fiscal a la salida de los Tribubales. “No es que se reactivó la investigación, nunca se paralizó. Allanamos cuanto lugar teníamos indicios, pero no era correcta la hipótesis que teníamos”, dijo Villalba.
El camionero seguirá detenido y la jueza ordenó la prisión preventiva. Además, el fiscal anticipó que van a pedir “un rastrillaje sobre zonas en particular” y que sería “inminente”.
Contradicciones
De acuerdo a la información judicial citada por medios locales, hay al menos unos 20 puntos que terminaron complicando la situación de Romero. Uno de los principales elementos es el análisis de la ubicación de su celular, realizado por los investigadores.
Si bien decidió resguardar la información sensible de la investigación, el fiscal Villalba indicó que “hay intervenciones telefónicas” y análisis de las antenas que serían claves para llegar a esta acusación 13 años después de la desaparición de la diseñadora de indumentaria.
La causa judicial por la desaparición de la joven es llevada adelante por el Juzgado Federal número 2 de la provincia de Salta, a cargo de Medina.
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