Polémica por el avance de la minería submarina

Dividida entre los defensores de los fondos marinos y las industrias deseosas de explotarlos, la comunidad internacional se adentra en un año crítico que podría determinar el futuro de la explotación minera en aguas profundas.

“Es un momento verdaderamente crítico. Hay un impulso creciente a favor de una moratoria y, al mismo tiempo, la industria dice que presentará su solicitud para explotar los fondos marinos en 2025”, dice Louisa Casson, de la ONG Greenpeace, que lleva años advirtiendo de los riesgos para los ecosistemas únicos y poco conocidos de las profundidades marinas.

Hasta hace poco, sumergirse en aguas abisales para extraer a gran escala minerales codiciados como el cobalto, el níquel o el cobre parecía muy improbable. Lejos de la mirada pública, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), creada en 1994 bajo los auspicios de la ONU, negociaba en silencio en Jamaica el “código minero”, las futuras normas de explotación de los recursos de los fondos oceánicos bajo su jurisdicción, que sólo incluye las aguas internacionales.

Pero desde julio de 2023, el calendario se aceleró. Gracias a una cláusula legal activada por Nauru, un estado insular del Pacífico, cualquier país puede solicitar un contrato de explotación en nombre de una empresa. Nori (Nauru Ocean Resources Inc.), filial de la empresa canadiense The Metals Company (TMC), pretende ser la primera en beneficiarse, con la esperanza de empezar a extraer nódulos polimetálicos en el Pacífico en 2026.

Código minero

El Consejo, órgano ejecutivo de la Autoridad compuesto por 36 estados, no logró ponerse de acuerdo sobre las normas que deben regir a la hora de examinar una solicitud de este tipo en ausencia de un “código minero”.

Para evitar este vacío legal, se espera adoptar el código minero en 2025, aunque quedan por resolver asuntos espinosos como las normas medioambientales y el reparto de beneficios derivados de estos recursos, considerados como “patrimonio común de la humanidad”.

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De momento, la mayoría de los países proponen una solución intermedia: negociar normas lo suficientemente sólidas como para permitir el inicio de la explotación protegiendo al máximo el medio ambiente. Desde hace años, ONG y científicos alertan sobre la amenaza de destrucción directa de hábitats y especies aún desconocidos pero cruciales, subrayando la falta de conocimientos científicos.