Dictan prisión preventiva por el video intimidatorio

La jueza federal María Servini procesó ayer con prisión preventiva a tres acusados de filmar el video intimidatorio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informaron fuentes judiciales. Según trascendió, los tres son de Santa Fe.

Se cuenta “con elementos de convicción suficientes para acreditar prima facie la materialidad del suceso que nos ocupa, y la responsabilidad criminal de los imputados”, dice el fallo de la jueza Servini.

En los allanamientos se secuestraron armas de grueso calibre como un fusil FAL y mamelucos.

Al ser indagados, los tres habían negado los hechos la semana pasada.

Las amenazas se habían hecho públicas a principios de mes, cuando una organización narcoterrorista, aún no identificada, envió un video con amenazas de muerte hacia Bullrich y Pullaro.

Servini afirmó que “teniendo en consideración la forma en que fueron realizadas las manifestaciones, las cuales si bien hacen referencia a Bullrich, Pullaro y a otras autoridades, con expresiones calumniantes o injuriantes, y aún con reclamos sobre la realización de trabajo de escuela para los chicos, sobre que dejen de hacer política con los presos o que dejen de embarrar la cancha, lo que en definitiva circunscribe los hechos en el ilícito penal antes analizado resulta ser lo expuesto sobre el final, esto es, que están instalados en Buenos Aires y que van a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, y que van por todo y que esto nunca va a terminar, lo cual lleva a que exista una generalidad indeterminada de personas a intimidar”.

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A cada uno de los detenidos, además, les aplicaron un embargo millonario

De inmediato, el propio Gobierno salió a difundirlo para rechazar las amenazas “narcoterroristas”. Rápidamente, los investigadores de la División Unidad Antiterrorista de la PFA comenzaron a analizar las voces y vestimenta de los cuatro hombres para dar con ellos, mientras el Gobierno de la Nación ofrecía una recompensa de $10.000.000 para quien brindara información sobre los autores del hecho. Pero en mientras tanto, la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Dra. María Cecilia Vranicich, se comunicó con el fiscal Carlos Stornelli: una persona podía dar información de interés para identificar a los autores.

Se llevaron adelante las primeras diligencias y se ordenaron las primeras medidas. De inmediato hubo allanamientos y detenciones. Incluso en la casa en donde habría sido filmado el video.

Los acusados son Matías Leonel Romero, de 26 años, de profesión albañil; Diego Lucas Quiroz, de 27 años empleado; y su hermano David Agustín Quiroz, de 39 años, maquinista municipal, todos de la zona de Puerto General San Martín. Hay un cuarto sospechoso que se está buscando.

Con el procesamiento y la prisión preventiva, la jueza ordenó además un embargo de diez millones de pesos a cada uno de los implicados.

La pena en expectativa es de dos a seis años de prisión, en base al primer párrafo del artículo 211 del Código Penal.