Tras confirmar la rescisión de contratos con las clínicas -de Berisso- IMA y -Ensenada- La Comunidad, la Unidad de Gestión Local (UGL) de Pami presentó ayer un pedido de medida cautelar en la Justicia Federal donde se denuncia que en uno de esos establecimientos se impidió el acceso a un equipo de auditores de la obra social que buscaba conocer la situación de pacientes aún internados bajo cobertura. En octubre, el titular de la UGL regional, Rodrigo Vallejos radicó una denuncia por presuntas prestaciones fraudulentas que sumarían unos 325 millones de pesos. Entonces, se les dio de baja la capita (reserva de lugares) y en estas horas se rescindió el contrato para cualquier tipo de prestación. Ahora, se busca avanzar con el traslado de 12 pacientes internados desde antes de la primera denuncia, lo cual, según esta nueva presentación, se entorpeció ayer.
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