La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (Arca), exAFIP, formalizó el nuevo régimen de transparencia fiscal que desde el 1 de enero pondrá a las empresas grandes en la obligación de especificar cuánto corresponde al IVA en lo que facturan. Lo mismo con otros impuestos indirectos de jurisdicción nacional que inciden en los precios que pagan los consumidores finales.
El Gobierno argumenta que la medida es un recurso que persigue la transparencia fiscal como objetivo. En particular, se trata de que los consumidores conozcan el impacto de los impuestos en lo que pagan por lo que están adquiriendo.
En los considerandos de la resolución también se incluye una invitación a que las provincias adhieran a este esquema. De esa forma, se podría especificar también el impacto de ingresos brutos y las tasas municipales.
Ahora, todos los comprobantes deberán tener una línea en donde se detalle el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, cuando sean emitidos por una empresa grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.
La Resolución General N° 5614/24, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial, fija que la medida se extenderá a contribuyentes de menor tamaño, pero serán incluidos en forma progresiva.
A partir de enero le tocará a las grandes empresas.
Para los consumidores finales no habrá ningún cambio más allá de contar con este nuevo dato. En el ticket se encontrará la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743), junto con la información sobre el segmento del IVA y de otros impuestos nacionales que sumen al precio del bien o servicio.
La medida se implementará de forma escalonada y se extenderá paulatinamente a contribuyentes de menor tamaño.
Según se informó, el listado completo de las grandes empresas obligadas a discriminar estos impuestos en la factura se puede consultar en la página de ARCA.
En el primer tramo de la medida, son un total de 866 las sociedades. En la lista están incluidos los supermercados.
El resto de las firmas comerciales tendrán plazo opcional hasta el 1° de abril, cuando la nueva forma de facturar se convertirá en obligatoria.
Los contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica adecuada al sistema de la nueva agencia de recaudación verán de forma automática la discriminación del IVA desde enero próximo.
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