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Si por cada demanda que surge en distintos sectores de la sociedad, los que las plantean decidieran cortar la circulación en la Autopista La Plata-Buenos Aires, está claro que esa vía caminera quedaría virtualmente anulada por una indefinida sucesión de piquetes que podrían realizar vecinos de la Región, de la zona Norte y de distintas localidades del Gran Buenos Aires.
En lugar de una autopista para que circulen decenas de miles de personas que van a trabajar, a realizar trámites o a recrearse, existiría en cambio un escenario disponible para protestar, convirtiéndose así el camino en una suerte de ágora ateniense para emitir sugerencias y demandas. Miles de autos y personas, mientras tanto, pueden quedar atrapados, embotellados.
Se alude aquí, sólo para ejemplificar, a la decisión adoptada en las últimas horas por un grupo de socios de un tradicional club vecinal de Tolosa, que decidieron cortar uno de los accesos troncales a la Autopista para reclamar por los robos que sufre la institución.
Los manifestantes, que concretaron un vallado con neumáticos a los que se prendió fuego, detallaron que la entidad perdió a causa de los robos parte del buffet, una pava eléctrica, elementos para entrenamiento y una máquina de cortar pasto. Por ello y ante la falta de respuesta de las autoridades pertinentes frente a una sucesión de episodios similares, dieron paso a su reclamo en la vía pública.
Están fuera de duda los derechos que le asisten a esos socios, como a todas las víctimas de estos tipos de delitos, tanto a formular reclamos y sugerencias a las autoridades como, llegado el caso, a protestar mediante diversas vías de acción, siempre que no impliquen graves trastornos para terceros.
Lo que merece ser cuestionado es que sean miles de personas las perjudicadas por medidas como la que aquí adoptaron.
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El refrán popular de que “pagan justos por pecadores” en estos casos cobra entera razonabilidad y consistencia.
A lo largo de las últimas décadas se ha señalado reiteradamente en esta columna que son cada vez más los sectores que de continuo apelan a la práctica de cortar calles, invocando distintas reivindicaciones.
La modalidad se extendió hasta tal punto que chicos de corta edad –aquí se habla de grupos de alumnos- llegaron a cortar calles para plantear alguna disconformidad de naturaleza escolar. Por ejemplo, han cortado calles por falta de estufas en las aulas o alegando que era mala la comida que recibían.
En cada una de esas ocasiones, se ha enfatizado acerca de la necesidad de que las autoridades adopten medidas que apunten a evitar la repetición casi cotidiana de una metodología de expresión, que se traduce en graves e injustos perjuicios para la población en general.
Por otra parte, es llamativa la falta de asesoramiento inmediato a los automovilistas, para que no se vean atrapados en estos embotellamientos.
También se ha insistido en que no se trata de cuestionar un derecho tan básico como es el de peticionar ante las autoridades, imprescindible para garantizar la existencia de un sistema democrático.
Pero, se ha dicho también siempre que ese derecho debe ser ejercido con madurez y, como es natural, en el marco de las reglas de convivencia. El derecho de nadie puede conculcar a los derechos de los demás.
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