Una puja sobre recursos en los últimos años

Son notables las vueltas de la historia. La diatriba de ayer de Axel Kicillof contra el gobierno nacional por la eliminación -vía decreto- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires (FFFPB) tuvo la misma estructura narrativa del discurso que en 2020 usó el entonces alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para apuntar contra Alberto Fernández, en ese momento morador de la Casa Rosada: un presidente que “le roba” recursos al distrito en cuestión (antes la CABA, hoy la PBA) y, por extensión, a sus habitantes.

En medio del fuerte ajuste fiscal, el Gobierno nacional decidió eliminar el FFFPB a través del decreto 192/2024, publicado ayer. Lo firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida está destinada a profundizar el conflicto entre la Nación y las provincias, cuyo punto más álgido se dio con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hombre del PRO.

En verdad, el fondo ahora volteado se dejó de pagar desde la asunción de Milei e incluso antes (noviembre de 2023), cuando el peronista Sergio Massa aún manejaba el ministerio de Economía, y por eso mismo ya había existido un reclamo formal a Caputo del gobierno provincial. ¿Realmente hubo sorpresa en La Plata con la bajada de esa partida? Probablemente no. En el fondo, confiesan ahora en fuentes oficiales bonaerenses, siempre se temió que el recorte llegara si en la Rosada recalaba un presidente no peronista.

Pero conviene hacer historia para entender porqué acaso Kicillof no logre el mismo nivel de adhesión a su reclamo entre gobernadores no justicialistas, como sí tuvo el chubutense Torres.

En septiembre de 2020, durante la pandemia de Covid, a Axel se le rebeló buena parte de la Policía Bonaerense por reclamos salariales. No había plata para solventar la mejora requerida.

A través del decreto 735/20 el entonces presidente Fernández le sacó una parte del dinero que recibía la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación de impuestos y se los trasladó a la Provincia con la figura del FFFBA, es decir por afuera del reparto impositivo. Esa masa de plata pasó a ser parte de los llamados fondos discrecionales.

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La Ciudad era gobernada por Rodríguez Larreta, a esa altura ya claramente un precandidato presidencial pero aún no blanqueado. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la CABA se había beneficiado con una suba vía decreto del porcentaje que recibía de coparticipación de impuestos. Se lo elevó a 3,75%. En ese entonces recibía menos de 1,50%. Fue el decreto 194/16.

El macrismo lo explicó en que el gobierno nacional le había traspasado la Policía Federal a la Ciudad y por consiguiente también correspondía que le pasara los fondos para su mantenimiento, no en transferencia directa sino a través de una mejora en lo que recibía del reparto de impuestos.

Cuando el ex presidente Fernández estipuló el recorte para beneficiar a la Provincia y ayudar a Kicillof en su conflicto policial, el porcentaje que empezó a recibir la Ciudad se redujo a 2,32%. El argumento central del kirchnerismo fue cuestionar el decreto 194/16 de Macri. En aquel momento se habló de una fuerte presión de Cristina Kirchner sobre Alberto: Axel siempre fue la principal apuesta de la entonces Vice.

A fines de 2020, Alberto envió una ley al Congreso para darle mayor aval al recorte que decidió sobre CABA. Fue aprobada. Era la número 27.606.

Todo este episodio fue lo que destrozó la buena armonía que habían mostrado Fernández, Axel y Larreta en los tiempos iniciales de la pandemia, en un supuesto trabajo tripartito contra el virus.

Rodríguez Larreta siempre aseguró que se enteró del guadañazo que sufrió su distrito minutos antes del anunció de Alberto, vía whatsapp. ¿Qué hizo? Lo mismo que ahora dice Kicillof que hará: reclamó ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se dirimen este tipo de conflictos.

En diciembre de 2022, el máximo Tribunal le dio la razón a la CABA. Fue un triunfo político de Larreta, ya lanzado a la carrera presidencial. Luego el Estado nacional (gestión Fernández-Massa-Cristina) presentó una serie de reclamos con pedidos de excusación y de recusación contra los integrantes de la Corte pero en noviembre del año pasado la propia Corte los desestimó y ordenó ejecutar la sentencia a favor de los porteños, lo que implica un pago multimillonario.

Lo que hizo la Corte a fines de 2022 fue dictar una medida cautelar por la cual ordenó que se le entregue a la CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables que deben salir de la parte que le corresponde a la Nación en la distribución primaria, como para no afectar a otros distritos. La Ciudad pedía el 3,50%, que es cercano al índice que tenía con el gobierno de Macri. Esa diferencia continua sustanciándose en la Justicia. El Tribunal también ordenó que se transfiera el dinero en forma diaria y automática a través del Banco Nación y, sobre todo, dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había avalado el Fondo para la provincia cuestionando su constitucionalidad.

El gobierno de Fernández nunca cumplió el fallo judicial.

Sin demasiada rimbombancia, el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, viene insistiendo ante la gestión Milei para que le paguen. El gobierno por ahora se hace el distraído.

En verdad, el fondo ahora volteado se dejó de pagar desde la asunción de Milei e incluso antes