Instalada desde hace 32 años en una zona de Villa Elisa que incorporó densidad urbana pero mantiene un perfil verde y sosegado, la fábrica de autopartes Taranto se eleva a la altura de avenida Arana (419) y 21 B (ex 19 bis). Allí, bajo el tajante sol de enero relucen dos grandes tinglados que, adosados, configuran un cuadrado cubierto de unos 80 metros de lado, habitado cada día por decenas de trabajadores. El predio que alberga esas instalaciones alguna vez perteneció a la empresa Corchoflex, y tiene un generoso fondo que llega hasta el cauce del arroyo Carnaval, a casi tres cuadras y media de la avenida que es el eje histórico de la localidad. Es ese espacio trasero, hasta ahora libre de construcciones, el que se convirtió en manzana de la discordia cuando quienes viven en el lugar detectaron que se lo estaba acondicionando con miras a ampliar el complejo fabril.
Los vecinos consideran que lo que se viene es una intensificación productiva de la autopartista, que actualmente opera otra propiedad de generosas dimensiones en Arana y 8, en una manzana totalmente urbanizada. Y llevaron sus planteos ante la Justicia. Dicen que se realizó, con tierra y tosca, un alteo de casi tres metros en un rectángulo de unos cien metros por 65, superficie similar a la de los dos galpones preexistentes. Ante ese panorama, no tienen dudas de que se está por concretar una megaconstrucción que “desvirtúa el barrio” y desde su mirada genera un impacto ambiental desfavorable tanto desde los urbanístico, como desde lo hidráulico y lo ambiental. Hablan de futuros problemas de contaminación, obstáculos para el escurrimiento pluvial, y transgresión de la zonificación prevista por el Código de Ordenamiento Urbano local. Se preguntan “¿por que acá, habiendo dos parques industriales en el partido?”
La planta de la firma que confecciona juntas, retenes, kits de embrague y bujes tiene, al este, un gran descampado; al oeste, un conjunto de casaquintas con añosas arboledas, unidas por calles enripiadas y mejoradas. Enfrente, a pocos metros, se encuentra el Prado Español, Las tierras fabriles, que en el frente tienen un cartel explicitando que se levantarán allí naves industriales, están flanqueadas por sendos zanjones -los vecinos los llaman arroyos Jazmín y Del Prado- que sólo transportan caudal cuando llueve, y como todo el terreno desagotan en el arroyo Carnaval.
“Cuando me instalé acá, hace más de cuarenta años, lo único que había era el galponcito abandonado de la ex Corchoflex, que fabricaba juntas de cartón prensado. Ahora estamos ante una de las terminales de una multinacional” advierte Gerardo Zurita, uno de los habitantes mas antiguos de la zona: “siempre se fue ampliando, y todo lo que se hizo fue empadronado a posteriori, con la metodología del hecho consumado. Esto está lejos de ser una pyme sin impacto; de tanto en tanto aparecen las piletas con un hollín aceitoso, por dar un ejemplo. Ni hablar del ruido. Y el nuevo proyecto de expansión es la gota que colmó el vaso”.
“Enhorabuena que haya una empresa próspera, pero ésta no es la forma ni el lugar” señalan los referentes del grupo vecinal, que aseguran que “vienen infringiendo normas y acumulando denuncias, multas y clausuras” y que el establecimiento tiene “el certificado de aptitud ambiental vencido desde 2004”. Añaden que “nos resulta llamativo que era una industria de categoría III y la bajaron a II en 2021, aun cuando no paran de agrandarse”.
Los vecinos creen que habrá un impacto negativo en lo urbanístico, lo hídrico y lo ambiental
De acuerdo con la Ley 11.459 de Radicación Industrial, en la Provincia, a cada establecimiento se le asigna un “Nivel de Complejidad”. Existen tres categorías: la primera incluye a los que se consideran “inocuos”; la segunda incluye a aquellos “incómodos” porque su funcionamiento “constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Y la tercera comprende a los “peligrosos” porque implican “un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasionan daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
“En materia de indicadores urbanísticos, este barrio fue recategorizado hace poco por la Comuna con parámetros que profundizan su carácter residencial, y pasamos a pagar impuestos sensiblemente más altos” indica Zurita: “además, en los planos municipales se marca que es un sector de escurrimiento y absorción. En 2008 se inundó y tuve 80 centímetros de agua en mi casa, que es bastante alta”.
Cruzando el arroyo Carnaval están los barrios Villa Rica y La Fortaleza -que debe su nombre a una extinta planta química, conocida como “la fábrica de azufre”-, con un perfil de viviendas más modesto. “El cambio climático va a provocar reiterados eventos de lluvia torrencial en lapsos cortos, y esto va ser una pileta” sostuvo otra de las vecinas movilizadas: “si cambia el equilibrio hídrico de la cuenca ellos lo van a sufrir más que nadie”.
“Parece que hay cierto desinterés por la gente que vive acá” dijo la joven: “una de las vecinas llegó a pedirle al jefe de la planta, que funciona 24/7 en tres turnos, que modificara un lugar de descanso porque tenía a los operarios ‘en la oreja’ o fumando y mirando desde el terraplén. Y cuando colocaron un ruidoso generador lo hicieron de este lado, con vecinos, y no del otro donde no hay nada”.
Los vecinos consideran que el lugar apropiado para una fábrica de gran envergadura sería uno de los parques industriales locales / D. Alday
El derrotero judicial del actual planteo vecinal se inició cuatro meses atrás en el fuero Contencioso Administrativo local, con el pedido de una “acción de cese y recomposición” del daño alegado, y una medida cautelar, orientada a suspender las obras; ese recurso cautelar no prosperó, pero la causa se sigue tramitando.
“Por la feria, lo terminó denegando un juez de Lanús, creemos que de manera apresurada” puntualiza una fuente con conocimiento del expediente: “de todos modos vamos a apelar. La planta nunca renovó el certificado ambiental, que es bienal, desde que abrió, y amagó gestionarlo el año pasado pero no lo concluyó. El propio municipio nos lo confirmó ante un pedido de informes, y dictaminó una clausura de la obra, que está vigente pero no es efectiva en los hechos”.
Al cierre de esta edición, ni desde la empresa Taranto ni desde la Comuna se habían expresado ante las consultas realizadas por este tema.
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