En el marco de un operativo integral en Nordelta, partido de Tigre, inspectores de ARBA detectaron un complejo de oficinas de lujo de 14.500 m² construidos que pagaba el Impuesto Inmobiliario como si fuese un terreno baldío.
Si bien el edificio, de cinco pisos edificados, cocheras subterráneas y que sus desarrolladores describen como sustentable y destinado a oficinas corporativas de calidad AAA, fue construido hace más de un año pero todavía no tenía registrado ni un solo metro cuadrado en el catastro provincial.
Además de este predio, se detectaron irregularidades en otras partidas inmobiliarias, incluyendo más de 100 casas y 81 piletas.
En total, sumando el edificio y el resto de las construcciones sin declarar, la agencia de recaudación detectó 45.000 m² no registrados, por lo que los responsables fueron intimados y ahora deberán afrontar multas de hasta 25 millones de pesos.
A la par de estas acciones para detectar construcciones sin declarar, los equipos de fiscalización de ARBA retuvieron 2 yates de lujo, ya que sus propietarios adeudaban en conjunto más de $1,5 millones del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
Por su valuación fiscal y nivel de deuda, los yates cumplían con las condiciones para ser secuestrados por el organismo. El procedimiento vigente en estos casos prevé la retención temporal de las embarcaciones y un plazo de 36 horas para que sus dueños regularicen la situación.
De no concretarse en el lapso previsto, que culmina hoy por la tarde, la Agencia de Recaudación aplicará sus competencias legales y procederá al secuestro definitivo de las embarcaciones, comunicando la medida al juez correccional de turno y a Prefectura Naval Argentina.
El operativo integral en Nordelta incluyó también controles sobre vehículos de alta gama, para notificar deudas del Impuesto a los Automotores y otros tributos.
Del total de vehículos controlados, 104 estaban radicados en la provincia de Buenos Aires. De ellos, 21% registraban deuda en concepto de patente, y tras la notificación, los titulares con deuda firmaron compromisos de pago o abonaron de manera electrónica por un monto de $3,2 millones.
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